Autopistas del Sol (AUSOL) cerró ayer el primer APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) de las empresas argentinas que cayeron en default con sus acreedores. Tal como lo adelantara este diario la semana pasada, la concesionaria del Acceso Norte logró el esperado acuerdo con bancos, un fondo «distress» e inversores individuales que le permitieron reestructurar su deuda y parar así eventuales (y pasados) pedidos de quiebra.
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El APE se cerró con una aceptación de acreedores que representan u$s 390 millones sobre una deuda total de u$s 480 millones, muy por encima del porcentaje requerido por la ley para ser homologado. Los últimos en firmar fueron justamente las entidades financieras, que lo hicieron ayer. Antes lo habían hecho casi en masa (cerca de 80% de ellos) los individuos y también el «distress fund» Fintech. El último que quedaría por suscribir el APE sería el Citibank (se le deben u$s 25 millones), que demoraría algunos días la aceptación formal en función de un seguro sobre riesgo político tomado con una gran aseguradora internacional. En cambio, el directorio del Banco Nación dio su visto bueno al APE, y en las próximas horas lo concretaría en los hechos.
La oferta preveía dos tipos de bono: uno a la par a 10 años con cinco años de gracia, tasa progresiva (arranca en 3% anual y termina en 5%), amortización semestral a partir del sexto año y pago trimestral de intereses; otro con una quita de 40% sobre el valor nominal, a cinco años y tasa fija de 7%.
De acuerdo con informaciones que trascendieron, AUSOL colocó bonos par por u$s 150 millones, mayoritariamente entre acreedores minoristas, y u$s 240 millones entre inversores institucionales (bancos, el fondo, administradoras de fondos de pensión, etc.); a esta cifra deberán sumarse los u$s 25 millones adeudados a la entidad que preside Felisa Miceli, que irán al bono par.
En cambio, resultó un llamativo fracaso una oferta de recompra en efectivo a menos de 35% del valor nominal de los títulos, par la cual AUSOL había destinado u$s 18 millones con expectativas de rescatar bonos por u$s 50 millones; sólo se alcanzó un décimo de esa cifra.
Estos guarismos marcarían claramente que los acreedores de AUSOL le tienen más fe a la empresa que el propio gobierno: el hecho de adquirir un bono a 10 años implica que el tomador ve posibilidades de recuperar su acreencia, aun a pesar de las contingencias de las que depende esa recuperación (léase ajuste de tarifas pendiente).
Ahora AUSOL deberá prorrogar durante 10 días hábiles el APE, por imperio de la ley estadounidense, que impone ese plazo adicional cuando se modifica una propuesta. El único cambio de fondo que se introdujo fue la creación de un bono no cotizable, destinado exclusivamente para los bancos (y a pedido de éstos); el público en general prefirió un bono que cotice, lo que permitirá que haya un mercado para los mismos y sea más sencillo venderlos.
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