Bancos entrecruzarán datos antes de abrir las cuentas cerradas

Los principales bancos del sistema financiero argentino se encuentran por estos días trabajando en la más absoluta reserva con un objetivo común: para conocer la situación del público que se sumará a partir del nuevo régimen de inhabilitaciones, las principales entidades se comprometerán a que la información de sus clientes y la calidad de sus carteras pueda ser cruzada y compartida entre todas las entidades. Luego, con esta información, será cada banco el que tenga la responsabilidad de autorizar o no la apertura de una cuenta corriente y con qué grado de descubierto y servicios. A partir del lunes próximo, cuando probablemente comience a aplicarse el nuevo sistema, únicamente tendrían sus cuentas inhabilitadas los casos reclamados por la AFIP o por la Justicia. Esta es la primera reacción del sistema financiero ante la medida lanzada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que liberaliza, en realidad blanquea, la situación de los inhabilitados de cuentas corrientes dispuestos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que a partir de ahora podrían volver al sistema financiero.

En principio, prácticamente todos los bancos están de acuerdo con la nueva disposición de Domingo Cavallo de rehabilitar a usuarios de cuentas corrientes que en los últimos cinco años quedaron fuera del sistema financiero. El cálculo que hacen es claro. Según los números que manejan los principales bancos, habría actualmente entre 300.000 y 350.000 personas físicas (con nombre y apellido) o jurídicas (sociedades de todo tipo) que con esta norma podrían volver a operar normalmente.

Según estiman los bancos, solamente con que 100.000 de estas cuentas vuelvan a ser habilitadas en el plazo de un año, la medida dispuesta por Cavallo se convertiría en un buen negocio para el sistema. Según creen entre los bancos, la mayoría de ese público (más de 70%) sería de personas físicas que no pueden operar dentro del sistema por estar en los listados de inhabilitaciones del Central, que específicamente prohíbe a este público operar en los bancos. Las entidades financieras creen que en la mayoría de los casos habría gran interés por obtener algún tipo de los servicios que ofrecen los bancos (fundamentalmente créditos hipotecarios, prendarios y personales), a los que hoy están ajenos por disposición explícita del Central.

La preocupación de los bancos es entonces poder conocer con la mayor exactitud posible la situación financiera de cada cliente potencial. Para esto los bancos intentarán en los próximos días coordinar la mejor forma de obtener la información sobre la situación de los clientes a partir de las nuevas reglas.

La base de operaciones que podrían utilizar los bancos podría ser el actual sistema que utilizan a partir de la Organización Veraz. Esta entidad es propiedad de la empresa norteamericana Equifax en 79,5% y de los bancos propietarios de la red Banelco en 20,5% (Banco Galicia, Río, Scotiabank, BBVA Fran-cés, Citibank y Boston). Estos bancos utilizarían a pleno la información de esta fuente, basados en tres sectores: los datos judiciales de un cliente (concursos y quiebras), información financiera (grado de cumplimiento en las diferentes cuentas y cajas de ahorro, de los créditos pedidos y de las tarjetas de crédito emitidas) y del sistema no financiero (cuotas en comercios y fuera de bancos). Además de Veraz, en este tipo de negocio trabaja Fidelitas y Nosis.

Según se especulaba dentro del sistema financiero, a partir de la implementación de la nueva norma, la cantidad de inhabilitaciones caería sustancialmente del promedio mensual de 4.500 cierres que se producen actualmente. Según una alta fuente del mercado, actualmente «los bancos no quieren cerrarle las cuentas al público, pero lo deben hacer para cumplir con las normas del Central que obligaban a las inhabilitaciones para no pagar multas. Por eso, a partir de ahora se abren más posibilidades de negociación con los clientes en problemas para que puedan cumplir con sus obligaciones».

Otra consecuencia que provocaría el nuevo régimen es que la cantidad de inhabilitaciones caería radicalmente, ya que prácticamente las causales de inhabilitaciones se reducirían a dos. Por un lado, continuaría mantenién-dose la norma por la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede cerrar una cuenta corriente de un moroso impositivo. El segundo motivo que continuaría generando inhabilitaciones será la aplicación del artículo 302 del Código Civil que impone la inhabilitación para las personas con un alto grado de incumplimiento o vinculadas con fraudes al sistema financiero.