Bienes Personales, un impuesto que refleja la inseguridad jurídica del país

Por Federico de Luca*

En medio del debate por la ley del presupuesto, el Gobierno vuelve a poner foco en el impuesto sobre los Bienes Personales y en jaque la seguridad jurídica del país.

Desde hace años que los argentinos estamos esperando que lleguen las prometidas y ansiadas inversiones del exterior, mientras tanto siguen transcurriendo los meses y las inversiones no llegan.

Una de las razones de este fracaso, es la inseguridad jurídica de nuestro país, que no permite hacer una proyección razonable y clara para el mediano y largo plazo, ni para el corto plazo. El impuesto a los bienes personales es un fiel reflejo de esta situación.

Este impuesto que grava los bienes personales que los argentinos tienen en el país y en el exterior, sufrió un cambio significativo hace 2 años impulsado por el blanqueo. Hasta ese momento, la obligación de tributar era para aquellas personas que tuvieran bienes gravados al 31/12 de cada año cuyo monto superara los $ 305.000. Superado ese monto se aplicaba una alícuota progresiva, que iba del 0,5% al 1,25%, sobre la totalidad de los bienes gravados.

Con los cambios introducidos por la Ley de Sinceramiento Fiscal, el mínimo para tributar este impuesto pasó a ser de $ 800.000 para 2016, $ 950.000 para 2017, y $ 1.050.000 para 2018. La alícuota se unificó y fue de 0,75%, 0,50%, y 0,25% respectivamente y el mínimo exento se convirtió en mínimo no imponible, es decir que se tributa sobre el monto que excede ese mínimo y no sobre el total de los bienes como era antes.

Dos años después, se vuelve a poner en discusión este impuesto a través de la Ley de Presupuesto, sugiriendo modificaciones que cambian las reglas del juego:

• Volver al esquema de alícuotas por escala progresiva (con un tope del 0,75%).

• Aumento del mínimo No imponible a $2.000.000.

• Gravar los inmuebles rurales (motivado por la derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta que gravaba este tipo de bienes).

• La buena: eximir del pago a los inmuebles destinados a casa habitación de valor inferior a los $18 millones.

Todos estos cambios son impulsados con la idea que mantiene el Gobierno de solucionar el problema del déficit fiscal de nuestro país aumentado la presión tributaria, (que ya es la 2ª más elevada del mundo por detrás de Islas Comoros), en vez de atacar el déficit ajustando y bajando drásticamente el gasto público.

El Gobierno no puede esperar que lleguen inversiones del exterior a un país con la inseguridad jurídica que tiene Argentina. No se pueden cambiar las reglas de juego constantemente, se debe dar seguridad y las reglas deben ser claras e iguales para todos. Si no cambiamos esto, seguiremos esperando sentados esas inversiones que nunca llegarán.

*Socio De Luca & Asociados