Blumberg rechaza más poder para políticos en Magistratura

Juan Carlos Blumberg

Juan Carlos Blumberg está de acuerdo en reducir el número de miembros en el Consejo de la Magistratura, pero le parece un despropósito que esa reforma tenga como fin último incrementar la hegemonía política en ese cuerpo colegiado.

Blumberg ha comenzado a leer con preocupación el proyecto que impulsa la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que elimina las segundas minorías y le otorga al oficialismo el dominio político del órgano encargado de nombrar y remover jueces.

El Consejo de la Magistratura fue creado por la reforma constitucional de 1994 y cuando en 1998 se sancionó su reglamento se dispuso que sea un cuerpo conformado por 20 integrantes: cuatro diputados, cuatro senadores, cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos, el presidente de la Corte Suprema y un representante del Poder Ejecutivo.

Pasaron siete años desde que el consejo de jueces tomó forma. Todavía no ha mostrado la funcionalidad que se le reclama, aunque hay consejeros como el radical Juan Minguez que echan mano a las estadísticas para mostrar que la Magistratura destituyó 1,42 juez por año, cuando antes se echaba 1 cada 10 años.

• Petitorio

En su cruzada contra la inseguridad, Blumberg propició el achicamiento de la Magistratura junto con un paquete general de leyes. La iniciativa fue incluida en un petitorio que reunió más de cinco millones de firmas. Pero el primigenio proyecto del padre de Axel -el joven secuestrado y asesinado- no otorga más poder a los representantes políticos. Todo lo contrario. Blumberg es partidario de reducir la presencia política y aumentar la técnica, como sucede en otros países del mundo.

Es una diferencia sustancial a la hora de comparar el proyecto Blumberg con el que está cocinándose en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que busca reducir a trece el número de consejeros, pero con cinco representantes políticos sobre el total.

El tema volverá a la mesa de discusión mañana, cuando Asuntos Constitucionales reciba la visita de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ya los senadores sintieron las quejas de los académicos y abogados que mañana insistirán nuevamente en que «la reforma no respeta el principio de equilibrio entre las representaciones y desarticula el mandato constitucional». Serán de la partida Carlos Andreuci y Santiago Orgambide, de la Federación de Colegios de Abogados (FACA).

En la actualidad, con una composición de 20 miembros y un bloque político de nueve, ese sector tiene 45% del poder, pero si ese esquema se modifica, los legisladores tendría 53%, es decir la mayoría política para tomar decisiones antojadizas.

El bloque político tampoco tiene hoy capacidad de frenar o vetar una decisión, porque para hacerlo necesita 2/3 de la voluntad de los miembros. Sin embargo, con trece miembros, el bloque político ya tendría 1/3 de la voluntad. En otras palabras, poder para bloquear una terna que disgusta, frenar la destitución de un juez que es conveniente al Ejecutivo o promover la remoción de otro que no es flexible a los requerimiento del gobierno.

«Veinte fue un número trabajoso que costó demasiado conseguirlo por las peleas entre el oficialismo y la oposición. El equilibrio entre los sectores fue fruto de un acuerdo plasmado como política de Estado. No fue gratuito», rememora Ricardo Gómez Diez, actual integrante de la Magistratura y uno de los gestores de la creación de ese cuerpo colegiado. El senador no está de acuerdo con achicar el consejo de jueces. Lo prefiere tal como está ahora, donde «ningún sector puede imponer por sí mismo su voluntad sobre otros».

Entiende que es una fórmula equilibrada y que el proyecto de su par la senadora Fernández de Kirchner significa el «control político» del Consejo de la Magistratura.

Gómez Diez no sólo ve intencionalidad de dominio en el achicamiento, sino también en la pretensión de modificar el esquema de sanción a los jueces. Hoy se necesitan los 2/3 del consejo para imponer una sanción a un magistrado que va desde multa de hasta 30% de su salario hasta el apercibimiento. El oficialismo quiere que ese mecanismo cambie y que sea por mayoría simple. Además, pretende que las sanciones disciplinarias reiteradas se conviertan en causales de remoción.

El salteño del Bloque Federal vislumbra que el oficialismo congelará «por ahora» el proyecto de reforma, pero que avanzará con ahínco después del 10 de diciembre, cuando los números de escaños a su favor dejen a la minorías políticas atadas de pies y manos.