L a provincia de Buenos Aires profundizó ayer su política de persecución de potenciales evasores de impuestos al terminar de recibir los listados de contribuyentes bonaerenses que tienen cajas de seguridad. A partir de esta información, que las entidades financieras debieron enviar al Ministerio de Economía provincial, la Secretaría de Ingresos Públicos que dirige Santiago Montoya podría comenzar a pedir a la Justicia la apertura de esas cajas para eventualmente cobrar deudas impositivas de los tributos de rentas y de patentes de vehículos, embarcaciones y aeronaves. Según Montoya, hay identificados deudores por más de 1.000 millones de pesos.
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Ayer esa repartición recibió desde el sistema financiero la información sobre la tenencia de cajas de seguridad en territorio bonaerense de unas 7.500 personas, sobre una nómina de 35.000 grandes evasores. Según Montoya, «ya tenemos identificados 7.500 evasores, y en caso de que no se pongan al día, vamos a pedir a la Justicia el bloqueo para que los dueños no puedan sacar el dinero».
Los bancos tenían tiempo hasta ayer a las 12 para enviar esta información, y en general todas las entidades, en especial las públicas, cumplieron en tiempo y forma con el pedido del gobierno de Felipe Solá. Según se supo ayer, sólo nueve bancos de cierta importancia no habrían enviado estos datos, y que podrían ser multados en hasta 30.000 pesos si en los próximos días (entre el lunes y el martes próximos) no cumplen con el pedido. Al menos cinco de esos bancos (todos privados) habían asegurado al organismo fiscal bonaerense que enviarían la información en las próximas 48 horas hábiles.
Por otro lado, también ayer se concretó la amenaza de controlar la salida de argentinos hacia el exterior desde la terminar portuaria de la empresa Buquebús, que realiza conexiones con Uruguay. Con la presencia del propio Montoya entre los fiscalizadores, ayer por la mañana comenzó este operativo portuario, que para algunos se trata simplemente de una cuestión mediática. Por lo menos 300 automóviles fueron registradosen el puerto, además de en diferentes puestos fronterizos, todos ligados con el Uruguay.
En estos lugares, además de fiscalizar la pertenencia del automóvil, también se controló si las patentes de los vehículos están al día. En general, Montoya y los agentes de rentas de Buenos Aires eligieron unidades de alto valor agregado para realizar las inspecciones en el puerto de partida de Buquebús.
Montoya indicó que con este operativo se intenta « localizar a los 35 mil contribuyentes de alta capacidad contributiva que están evadiendo» al fisco de la provincia, la más poblada del país, con 13 millones de habitantes.
Explicó que las inspecciones intentan detectar evasores entre los cientos de turistas argentinos que eligen pasar sus vacaciones en las playas uruguayas, además de en puentes fronterizos, en las terminales aéreas y en la zona balnearia de la costa atlántica. Estos últimos tres objetivos de fiscalización serían cumplidos durante la próxima semana y entre enero y febrero, los meses de mayor concentración turística del año en territorio bonaerense.
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