Canje: demoran fallo en EE.UU. y continúa embargo sobre bonos

Tuvieron una mejor actuación los abogados de los fondos buitre ayer en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el embargo de los bonos a la Argentina. Esa fue la sensación de la audiencia. El fallo podría demorarse hasta cuatro semanas, pero dada la urgencia del caso, no pasaría de los siete días. Lo que debe quedar en claro es que éste es el primer intento serio de acreedores por tratar de cobrar algo de la Argentina y que sobrevendrán muchos más. Los fondos buitre se especializan en este tipo de maniobras y tienen más de 10 años de experiencia en la materia. Cuentan con cientos de profesionales que buscan embargar cualquier activo del país. Más allá de la poco convincente defensa que hizo el abogado de la Argentina (Jonathan Blackman, del estudio Cleary), todo indica que la Cámara de Apelaciones deberá fallar a favor del país. Pero hasta entonces todas las decisiones financierasse frenarán por la incertidumbre del resultado final. Los mercados estuvieron pendientes todo el día del evento y tras una suba inicial, al conocerse la postergación del fallo, los precios de los títulos rápidamente cayeron. La decisión que tome esta segunda instancia será casi imposible de dar vuelta. Si es favorable a la Argentina, automáticamente se liberarán los bonos y se realizará el canje.

La Cámara de Apelaciones neoyorquina decidió postergar la resolución respecto a la posibilidad de destrabar los bonos embargados a la Argentina, tras la audiencia que se realizó ayer. Luego de escuchar la posición de los abogados del gobierno y de los acreedores, y con varios cruces subidos de tono en el medio, los jueces decidieron tomarse un tiempo para tomar la decisión final.

Aunque el abogado que representó a la Argentina, Jonathan Blackman, recibió fuertes cuestionamientos de los jueces, en el equipo económico aseguraron tras la audiencia que esperan confiados una resolución: «En primera instancia obtuvimos un fallo favorable y ahora los argumentos se repitieron. No vemos por qué no obtendremos otra sentencia que nos beneficie», explicaron.

«Blackman tuvo un día para el olvido. En realidad parecía dormido. Los abogados de los fondos buitre lo superaron ampliamente en las argumentaciones y los jueces lo pusieron varias veces en apuro. Los acreedores ganaron un punto, pero esto no significa que la Argentina pierda el caso», coincidían ayer testigos de la audiencia.

Nadie tiene certeza respecto del momento en que podría conocerse la resolución. Se espera que los magistrados no demoren más de siete días (ya que la apelación se realizó en carácter de urgente), aunque algunos aseguran que en realidad la decisión podría demorar varias semanas.

Durante la audiencia de ayer, los jueces Jon Newman, Joseph Maclauhlin y Peter Hall cuestionaron insistentemente a ambas partes, tratando de dilucidar si la Argentina tiene o no posesión efectiva de los bonos congelados o las circunstancias en las cuales pasaría a tener dicho control. Newman realizó las principales preguntas y fue particularmente duro con los representantes argentinos. «Esto no significa nada, es la forma de obtener toda la información posible que tienen los jueces», explicaban del lado argentino tras la audiencia.

El argumento de Kevin Reed, abogado del fondo NML Securities (que maneja el grupo Elliot, uno de los más agresivos con la Argentina), resultó conocido: los bonos -según su posición-pertenecen desde el 18 de marzo (fecha en que se anunció formalmente el cierre del canje y el resultado) al gobierno argentino, por más que estén bajo custodia del Bank of New York.

Obviamente, la postura de Jonathan Blackman, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que defiende a la Argentina, fue exactamente la contraria. Se trata de u$s 7.000 millones en títulos que quedaron congelados por decisión de Griesa.

• Argumento

La audiencia comenzó a las 11.30 y resultó la cuarta en la orden del día de la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York. Antes, los mismos jueces habían escuchado alegatos por un caso de deportación y otro referente a una familia vinculada a la « mafia neoyorquina».

El proceso se prolongó una hora. Expusieron durante veinte minutos cada uno los abogados de los fondos NML (de Elliot) y EM Limited, propiedad del multimillonario Kenneth Dart. Luego fue el turno del abogado argentino.
Ninguno pudo desarrollar sus argumentos ya que fueron interrumpidos por los jueces en cuanto comenzaron a exponer.

Las preguntas de los magistrados giraron fundamentalmente en torno de dos temas: quién tiene la propiedad de los bonos en default que están en poder del Bank of New York y la posibilidad de que el gobierno argentino efectúe el canje aun con los bonos embargados.

Justamente, el argumento de los bonistas es que no existe ningún motivo para que la operación de canje no se lleve adelante. El abogado argentino aseguró que es imposible, ya que una de las condiciones es rescatar y anular la vieja deuda, lo que no se podría efectuar si los títulos quedan congelados y son luego liquidados por los bonistas.

Por el lado argentino, además de Blackman estuvieron en la audiencia el representante del equipo económico en Washington, Federico Molina, acompañado por el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, y el principal abogado argentino en Economía, Sergio Chodos. Además estuvo presente Roger Thomas, encargado del caso argentino en el estudio Cleary y que rara vez aparece en este tipo de eventos. Se trata del encargado de diseñar la estrategia de defensa argentina.

Existió una gran expectativa por la audiencia. Muchos economistas y abogados de bancos de inversión pudieron observar la audiencia desde un recinto contiguo. Allí se vio en circuito cerrado la exposición de cada una de las partes, con una ventaja: los abogados pudieron ser vistos de frente ya que una cámara (colocada detrás de los jueces) los tomaba en primer plano.

Ambas partes coinciden en que la decisión de la Cámara será definitiva. Si la sentencia es favorable a la Argentina, los bonos serán destrabados y se avanzará automáticamente con el canje. Se estima que la posibilidad de los bonistas de apelar ante la Corte Suprema es mínima. Si la decisión es contraria, los bonos quedarán embargados y los acreedores podrían proceder a la ejecución generando un grave problema con todo el proceso de canje.