Capital: aumento de gastos, a la Justicia

El jefe de Gobierno electo, Mauricio Macri, salió ayer en defensa de Jorge Telerman, ante las trabas que aparentemente tendría el mandatario actual para retirar fondos del Banco Ciudad y equilibrar las cuentas en rojo de la Capital Federal.

Macri dijo que hay «actitudes hostiles» contra Telerman y que cree que son las mismas acciones que no lo dejarán gobernar a él. Admitió, en cambio, Macri que «dejar déficit está mal», pero alivió con «sin avisar con tiempo» y destacó que Telerman «hizo obras, en tanto que Ibarra no hizo ninguna».

Otro obstáculo se le presentó ayer a Telerman en camino a dejar la Ciudad de Buenos Aires sin déficit cuando le entregue el cargo a Mauricio Macri. Ahora que iba a tomar dinero del banco estatal de la Capital Federal, la entidad está comprometida en sus finanzas a partir del fallo de la Corte sobre la pesificación de los depósitos judiciales y además, días atrás, el titular del banco notificó que en 2006 el ejercicio cerró en rojo, a partir de esa disposición. Pero a eso se agregan pedidos a la Justicia para impedir que Telerman utilice dinero del banco para saldar las cuentas de su gestión.

Ya le fracasó la imposición de un aumento en las contribuciones de los vecinos y ahora se agrega un pedido a la Justicia para que declare inconstitucional una ley que impone una «contribución» del banco estatal porteño por $ 200 millones.

Veto

Esa norma fue aprobada el mes pasado por la Legislatura junto con una readecuación de partidas, para equilibrar el presupuesto porteño, en rojo a partir fundamentalmente de un aumento de salarios otorgado este año, entre otras cuestiones.

Los diputados en esa ocasión le vetaron a Telerman que utilice para cubrir el déficit $ 100 millones destinados a infraestructura de escuelas y equipamiento de hospitales. Pero aprobaron una «contribución» del Banco Ciudad de Buenos Aires por el equivalente a 88% de un monto para capitalización que el Gobierno porteño le otorgó en 1997, cuando se emitieron los bonos Tango, durante la gestión de Fernando de la Rúa.

Ayer, el presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Vicente Brusca, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del distrito un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma. Días atrás, el legislador electo del ibarrismo Eduardo Epsztein envió a los directores del banco una carta documento en el mismo sentido,advirtiendo sobre la posibilidad de iniciar acciones penales si autorizaban el retiro en esas condiciones. También ayer, legisladores electos del ibarrismo hicieron una presentación similar a la de Brusca ante el Tribunal Superior de la Capital Federal (equivalente a la Corte porteña).

El auditor advirtió que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que los fondos de la entidad crediticia se utilicen para «promover el empleo y asistir a las pymes», y rechazó que se destine parte del dinero a «cubrir el déficit operativo 2007».

Brusca, integrante del kirchnerismo y quien dejará su cargo a fin de año, explicó que si se efectiviza la transferencia de fondos, «el banco se vería despojado de 1 de cada 5 pesos prestables para promoción social».

«La descapitalización del banco equivale a 14% de su patrimonio y a 19,8% también de su patrimonio una vez restados los $ 400 millones perdidos por el banco a raíz de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la devolución de los depósitos judiciales», indicó el auditor.

La discusión es porque la Legislatura no podría determinar por ley quitarle fondos al Banco como «contribución», y si fuera una quita de capital, debe autorizarlo el Banco Central.

Los ibarristas en su presentación-judicial señalaron que en el Presupuesto de este año ya se había dispuesto la devolución por parte del banco al Tesoro de u$s 88.000.000 en concepto de devolución del aporte del capital que se le había dado en 1997 contra las utilidades del Ejercicio 2006. Señalan que el balance, presentado por el titular del Banco Ciudad, Julio Macchi, el mes pasado no arrojó utilidades y que «tampoco podrían retirarse dividendos en forma anticipada sobre el Ejercicio 2007 ya que frente a la previsión de $ 13,3 millones mensuales hasta el mes de junio del año 2009 que debe hacerseen forma obligatoria es imposible prever utilidad alguna en el futuro».

Los ibarristas advierten además sobre la «inseguridad jurídica» que crearía la aplicación de la ley que obliga al banco a descapitalizarse. «Si se acepta que la Legislatura puede imponerle un tributo o una contribución sin causa alguna, por el monto que se le ocurra, estaríamos sembrando la inseguridad jurídica para los ahorristas de la entidad bancaria pública de la Ciudad», dijeron Raúl Puy y Gabriela Alegre, en la presentación judicial.