¿Rebelión contra el censo? El titular de CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias) llamó a sus afiliados a abrir sus puertas el fin de semana próximo, desobedeciendo la prohibición impuesta por el gobierno en virtud de la realización de la encuesta de población.
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El vicepresidente de la entidad, Víctor Lourenzo, reiteró de algún modo lo adelantado ayer por este diario en el sentido de que todos los rubros no alcanzados por el Decreto 1.154/ 01 (bares, restoranes, confiterías, almacenes, fiambrerías, súper e hipermercados, autoservicios, cines, teatros) estarían en condiciones de abrir sus puertas normalmente, y repitió la promesa de que CAME «apoyará jurídicamente a los establecimientos que abran en caso de que tengan problemas».
Por su parte Ovidio Bolo, titular de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), dijo a este diario: «Nosotros no estamos queriendo confrontar con el gobierno: apenas pedimos que nos dejen trabajar». El dirigente confirmó la presentación de un pedido de amparo ante el Foro Contencioso Administrativo, «y estamos confiados en que el juez se expedirá antes del sábado, cuando -de no hacerlo- la prohibición ya sería un hecho consumado». Bolo admitió que todas las negociaciones llevadas a cabo ante el titular del INDEC, Héctor Montero, fueron «infructuosas: nos dice una y otra vez que él no puede hacer nada. Como la prohibición parte de un decreto presidencial, de no hacer lugar la Justicia a nuestro reclamo la única vía que quedaría sería la sanción de otro decreto modificatorio».
El recurso de la CAS se sumó a otros presentados -por caso- por la Asociación de Hoteles, Confiterías, Cafés y Restaurantes de la Capital Federal, sin dudas el sector más afectado por la veda: lo que no vendan el sábado y domingo -sus días de mayor actividad- no será recuperable.
Por su parte la COPAL (la cámara que nuclea a la industria alimentaria) adhirió ayer a las críticas que viene cosechando la absurda y anacrónica prohibición al comercio argumentando que «el gobierno no puede disponer de manera unilateral de los intereses y necesidades del sector. La decisión del gobierno de obligar a cerrar los supermercados es un grave error en el contexto de recesión económica que atraviesa el país». En un comunicado, la entidad que preside Alberto Alvarez Gaiani coincidió en la calificación que le dio la CAS hace un par de días: «Equivocada e inoportuna».
De hacerse carne la prédica de las cámaras, los comerciantes deberán sentarse a hacer cuentas: quienes no acaten el ucase oficial estarán expuestos a multas que van -en jurisdicción del Gobierno porteño- desde los 150 hasta los 5.000 pesos; de ahí que algunas cadenas estén considerando abrir de todos modos y hacer frente a las multas. Después de todo, la utilidad de un día normal de ventas en un fin de semana para una boca de venta mediana debería superar ampliamente el perjuicio económico de la sanción. ¿Habrá, sin embargo, quien se exponga al riesgo político de desobedecer al gobierno entre las grandes empresas del sector?
La disyuntiva tampoco es sencilla para los comerciantes chicos y medianos: en este caso no hay riesgo político, pero su rentabilidad no alcanzaría para cubrir el costo de la multa. Pero, por otra parte, ¿quién controlará que cada boca de venta de cada barrio de cada ciudad del país esté cerrada?
