Citan otra vez a indagatoria a cambistas por venta a coleros

La causa se inició por pedido del BCRA.

Directivos de casas de cambio del centro porteño fueron citados a prestar declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en la venta de dólares a "coleros", como se denomina a quienes compran divisas para terceros que permanecen en el anonimato.

La medida la dispuso la jueza federal María Servini de Cubría en el marco del sumario penal que instruye por los presuntos delitos de asociación ilícita y encubrimiento.

En la causa ya hay 51 imputados, entre ellos el titular del Banco Piano, Alfredo Piano, indagado hace una semana, y los presidentes de Cambio Perseo S.A. Carlos Mateu; el de Antonio Di Giorgio S.A., Eduardo Roig; y de Italtur, Hugo Paz, entre otros, según precisaron fuentes judiciales.

La nómina de los convocados a declarar a partir de la semana próxima y hasta mediados de abril, incluye a Daniel Sanguinetti y Angel Santos, vicepresidente y director respectivamente de Cambio Perseo S.A. y a Diego Faraboschi y Bernardo Lautersztein, de la casa de cambio Antonio Di Giorgio S.A.

Completan la lista Jorge Ramos, vicepresidente de París Cambio S.A.. y Juan Piano, Ricardo Lozano y Arturo Luis Piano, vicepresidente y directores de Banco Piano S.A.

Servini de Cubría investiga desde mediados de 2011 una denuncia del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las fuentes consultadas recordaron que la acción penal fue iniciada en mayo de 2008, luego de operativos del BCRA con "seguimientos" de las operaciones realizadas en el Mercado Único y Libre de Cambios por Casas y Agencias de Cambio.

En los meses previos, según se denunció, se había detectado un "incremento significativo" en la cantidad y volumen de transacciones de venta de dólares estadounidenses, por montos que no superaban los 10.000 pesos, lo que evitaría la intervención de organismos fiscales.

Para el BCRA esos aumentos "injustificados" de las operaciones concertadas en montos comprendidos en esa franja "revelaban la realización de operaciones no genuinas, en el sentido que se utiliza a un tercero para encubrir la identidad y mantiene en el anonimato al real comprador".

Con esa estrategia el "real comprador" evita declarar el origen de los fondos y que sus datos personales queden registrados en la base de datos que las entidades autorizadas están obligadas a remitir diariamente al BCRA.

Al ordenar las indagatorias Servini de Cubría sostuvo que los imputados "no podían desconocer las transacciones llevadas a cabo en la entidad por las personas que comúnmente se denominan en la jerga bancaria 'coleros'".

La magistrada llegó a esa sospecha "teniendo en cuenta el cúmulo de personas que ingresaban" en los distintos bancos y casas de cambio, a lo que sumó los dichos de testigos y "la documentación secuestrada en el presente sumario".