22 de marzo 2001 - 00:00

Cómo es el plan de Cavallo para blanquear trabajadores

Uno de los desafíos que tendrá Domingo Cavallo en su gestión es bajar los niveles de desocupación. Para eso cuenta con un proyecto elaborado por el economista Osvaldo Giordano, su principal asesor en materia laboral. El trabajo se basa en la desregulación y simplificación del régimen de contratación para blanquear a los empleados en negro. También modifica el sistema de aportes laborales, que deja de ser una responsabilidad del empleador.

Cómo es el plan de Cavallo para blanquear trabajadores
La registración de un contrato de trabajo implica una carga burocrática muy elevada y alta inseguridad jurídica para el empleador. La irracionalidad de los esquemas hace que al suscribir un contrato de trabajo el empleador no sólo deba comunicar el inicio de la relación laboral, sino también datos identificatorios de la empresa, del trabajador y su grupo familiar y de los entes a los que se encuentra afiliado. Frecuentemente los mismos datos son solicitados de manera simultánea por diferentes organismos.

La multiplicidad de mecanismos superpuestos y repetidos no sólo repercute negativamente sobre los empleadores, sino que contribuye a la conformación de bases de datos débiles. Esto complica la gestión y quita eficacia a los mecanismos de control. La raíz estructural de este problema radica en dos deficiencias básica de diseño: I) varios organismos ejercen de manera superpuesta las funciones de administración de información, concentrando en cabeza del empleador la responsabilidad primaria como fuente de información, y II) se utiliza, equivocadamente, la registración de un contrato de trabajo para captar información sobre la empresa, el trabajador, su grupo familiar y las diversas afiliaciones a organismos laborales y de la seguridad social.

Mientras está vigente la relación laboral, la presión burocrática y la inseguridad jurídica no disminuyen. Mensualmente el empleador tiene que administrar un complejo esquema de pagos de imposiciones sobre los salarios que obliga a retener aportes personales y liquidar contribuciones patronales. Además de los perjuicios sobre el empleador, el esquema habilita múltiples posibilidades de fraude que resulta muy difícil de controlar. El diseño operativo aplicado para la determinación y pago de las imposiciones sobre los salarios tuvo lógica en el momento que fue instrumentado. Sin embargo, en la actualidad resulta manifiestamente obsoleto dado los niveles de bancarización alcanzados en el país y el desarrollo de mecanismos electrónicos de pagos.

Sistema de registración


En la propuesta se define con precisión el contenido de las bases de datos que integran el sistema (cuya información debe tener carácter oficial) y el organismo responsable de su administración. Esto es: I) Base de Empresas, (AFIP); II) Base de Personas y de Relaciones Familiares, (ANSeS); III) Bases de Afiliaciones, (superintendencias). La administración y actualización de estas bases es responsabilidad, en principio, de dichos organismos. Simultáneamente, se constituye la Administración de Bases de Datos (ABD) con tres funciones básicas: I) administrar la Base de Relaciones Laborales, es decir, la identificación de los vínculos entre empresas y trabajadores; II) aglutinar y validar la información de todas las bases a los fines de suministrar los datos que cada uno de los organismos laborales y de la seguridad social necesiten, y III) administrar el sistema de pagos de las imposiciones sobre el salario. Propuesta de sistema de pago de las imposiciones sobre los salarios La determinación de los acordes y contribuciones deja de ser una responsabilidad del empleador, cuya función se reduce a depositar el salario bruto en una entidad bancaria. La ABD, en base a la información de las bases de datos, asume la responsabilidad de determinar aportes, contribuciones y asignaciones familiares. El pago se ejecuta a través de débitos y créditos sobre la cuenta del trabajador canalizados a través del Sistema Nacional de Pagos.

Las diferencias respecto del esquema basado en declaraciones juradas como el que se aplica en la actualidad son sustanciales, tanto en términos de simplicidad para el empleador como de control del fraude: I) se reduce al mínimo la carga administrativa en cabeza del empleador y aumenta la seguridad jurídica; II) las obligaciones no se determinan por la autodeclaración de los empleadores, sino en base a información de bases de datos oficiales; III) no se pueden pagar sueldos en forma legal sin pagar simultáneamente los aportes; IV) al pagar los salarios inmediatamente se determinan las contribuciones patronales, lo que permite un seguimiento estricto de la mora; v) al pagar las asignaciones familiares en base a información de padrón se reducen significativamente las posibilidades de fraude
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Marco institucional y financiero

El eje para la gestión de los sistemas de registración y pagos propuestos es la Administradora de Bases de Datos. El desarrollo de sus funciones demanda el gerenciamiento de tareas complejas, donde se involucra el movimiento masivo de información para satisfacer una gran cantidad de clientes con necesidades muy heterogéneas. En la actualidad ningún organismo desarrolla funciones análogas a las que se le asigna a la ABD. A los fines de estimular un gerenciamiento eficiente de los sistemas se propone un esquema institucional mixto que combine roles públicos y privados. En concreto se sugiere que el Ministerio de Trabajo sea el responsable de diseñar y administrar el marco regulatorio de los sistemas y que la ABD sea concebida como un nuevo organismo de naturaleza privada.

La ABD se plantea como una sociedad abierta, de participación voluntaria por parte de los organismos laborales y de la seguridad social, donde los socios participen en el financiamiento y la conducción de manera proporcional al volumen de actividad que generan y donde los costos y la calidad de los servicios sean idénticos para socios y no socios. Bajo esta lógica, la ABD sería un emprendimiento asociativo que, sin perjuicio de ser una sociedad de derecho privado, su filosofía no sería el fin de lucro sino el de actuar como centro distribuidor de costos. Para esto, la tarifa que cobre por sus servicios debe ser sólo suficiente para cubrir sus costos operativos
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En principio, la ABD no requiere una infraestructura importante ya que es probable que el esquema operativo más apropiado consista en definir claramente los estándares buscados de calidad, seguridad y eficiencia, para luego tercerizar las operaciones en empresas especializadas en el procesamiento de datos. De esta forma, a través de la ABD, los organismos laborales y de la seguridad social definen los estándares, acuerdan la contratación de firmas informáticas y distribuyen los costos.

Si bien es necesario avanzar en estudios más rigurosos, indagaciones muy preliminares dan algunas ideas aproximadas de los costos que podría generar el sistema, tanto en concepto de comisiones bancarias como en gastos de operaciones de la ABD.
Estas aproximaciones estarían sugiriendo que con la inversión inferior a la que actualmente se realiza para financiar la Contribución Unificada de la Seguridad Social (del orden de los $ 100 millones anuales) se podría operar el esquema propuesto, a pesar de que su cobertura y calidad de los servicios es significativamente más alta.


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