Comprueban negociado sindical para apropiarse de $ 300 millones

Moyano habrá aprendido ayer que el poder adquiere ciertas dinámicas imprevisibles. No había terminado de desahogar frente a sus amigos, henchido de orgullo, la emoción por la visita que realizó Néstor Kirchner a la inauguración de su lujoso hotel en Mar del Plata, cuando desde el seno del poder le descargaron un carpetazo mortal sobre uno de los suyos. La tapa del monopolio «Clarín» de ayer reproducía un informe provisto por el propio gobierno en el que se puso bajo sospecha el manejo de 330 millones de pesos de las obras sociales sindicales. El informe provino de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN), que preside Claudio Moroni, un funcionario del círculo más estrecho del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

En ese dictamen los auditores denuncian que aquella suma fue derivada a las obras sociales en concepto de subsidios por prestaciones de alta complejidad. Pero que la Administración de Programas Especiales (APE), que regula ese tipo de asistencia financiera, no cuenta con la documentación que justifique la aplicación de esos recursos. En el centro del problema, un íntimo de Moyano: el abogado Juan Rinaldi, titular del APE, que agradeció su nombramiento al camionero que conduce la CGT. Como ha relatado en innumerables ocasiones este diario, Rinaldi está enfrentado en el control de las obras sociales a Héctor Capaccioli, el superintendente de Salud, sobre quien insinuó sospechas en el manejo de expedientes gremiales. Capaccioli es, como Moroni, un íntimo del jefe de Gabinete, Fernández.

La irregularidad que consigna la SIGEN fue informada por este diario en varias ocasiones. Ahora surgieron pruebas. La más relevante tuvo lugar cuando Rinaldi llegó a la APE. El mismo día de su designación, este impulsivo abogado se reunió con Armando Cavalieri en el estudio de Alberto Tomassone (letrado del sindicato de Comercio) y, delante de Moyano, le pidió que regularizara la documentación de prestaciones por 50 millones de pesos. Ahora es el gobierno quien pone el dedo en esa llaga, haciendo gritar a Moyano, los sindicalistas complicados en la irregularidad y, sobre todo, a Rinaldi, a cuya cabeza Capaccioli puso precio. El jefe de los camioneros no había terminado de recibir las felicitaciones de sus amigos por los fastos del hotel de su ciudad natal cuando la rueda de la fortuna volvió a girar: ayer había clima de velorio en Azopardo 802.

Significados

Más allá de este entramado político, la denuncia de la SIGEN tiene varios significados:

En principio, advierte sobre un desbarajuste administrativo que los gremialistas justifican en el laberinto de trámites que conlleva obtener un subsidio. Para la mayoría de los casos no habría nada doloso. Sólo un sistema antediluviano en la administración de los recursos. «Es posible que haya un gran agujero administrativo pero no hay ninguna institución que, a la hora de una operación cardiológica o de tener que proveer una droga carísima, lo haga con la rapidez y eficiencia de nuestras obras sociales», se cubren los gremialistas. En rigor, no se les achaca, en este caso, nada que pueda imputarse a Rinaldi, cuyo pecado fue utilizar esas irregularidades como instrumento de presión interna, sin sospechar que la condena política caería sobre él mismo.

La investigación de la SIGEN no avanza -menos aún la nota de «Clarín»- sobre aspectos más opacos del sistema de subsidios por prestaciones de alta complejidad. ¿Están actualizados los padrones o se realizan pagos en forma de capitación por listados que no fueron depurados después de la ola de desempleo que afectó al país? De ser así, habría una red de innumerables prestadores que recibirían sumas mucho más abultadas que las que corresponden al número de sus beneficiarios. ¿Hay droguerías complicadas en el fraude a la APE por la elaboración de expedientes « truchos», con beneficiarios fantasmas? En este caso, no se trataría de pagos que no fueron justificados con la papelería correspondiente sino de papelería inventada para pagos que no debieron realizarse. Es otra transgresión, más grave. ¿Hay droguerías complicadas en esta maniobra, algunas con nombres de santos, asociadas a sindicalistas? Capaccioli podría preguntarle a su mano derecha, el gerente Néstor Vázquez, que manejó los fondos de las obras sociales y la operación de subsidios desde los tiempos de Carlos Menem, cuando reportaba a José Luis Lingieri, el segundo de Moyano en la CGT.

Esta nueva exposición sobre la opacidad en el manejo de fondos de la salud ligados al gremialismo llega en el peor momento: cuando los sindicalistas pretenden que se liberen los topes en los aportes a sus «cajas». Es decir, que la contribución sea proporcional al ingreso sin límite alguno en esa cuota. Ahora, a la luz del informe de la SIGEN, se podría preguntar: ¿para qué quieren más dinero?, ¿para despilfarrarlo en un sistema que tiene un agujero administrativo de $ 300 millones? . Si Moyano, ayer, lloraba, es posible que Felisa Miceli haya festejado. A ella se le reclaman desde la CGT más de $ 200 millones, fondos que no tienen imputación correcta a la hora de la recaudación de los aportes patronales y que no pueden ser distribuidos entre las obras sociales. Una bendición para ella el informe de la SIGEN, que dejará a los gremialistas sin ganas de pedir más plata. Por lo menos por unos días.