La devaluación y la inflación, con sus efectos directos sobre el salario real, fueron la verdadera causa del aumento de los pobres e indigentes en la Argentina y explicarían dos tercios de este incremento durante el año pasado y enero de 2003 contra las cifras con que terminó 2001. La conclusión parte del último informe de la consultora SEL, que dirige Ernesto Kritz, donde se afirma, además, que ni siquiera el Plan Jefas y Jefes de Hogar pudo impedir esta situación.
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Para el economista y especialista laboral, «el tipo de cambio fijo con déficit fiscal es insostenible y lleva a la pobreza por la vía del desempleo», pero «una estrategia de competitividad que no está basada en la mejora continua de la productividad sino en mantener un tipo de cambio extremadamente alto, o con una estrategia de superávit primario asentado en un dólar elevado», produce «una pobreza extrema más extendida» que el modelo de tipo de cambio fijo.
La tesis principal del informe es que «el determinante más importante en la caída del ingreso real de los sectores más pobres es el aumento de precios que siguió a la devaluación», lo que explicaría «las tres cuartas partes de la pérdida de ingreso real en 2002».
Según el trabajo de Kritz, desde fines de 2001 la cantidad de indigentes aumentó a 4,7 millones de personas. La mayor parte de éstas, probablemente entre 3 y 3,5 millones, «cayeron en la indigencia no porque haya empeorado su ya pésima situación ocupacional sino por una caída extraordinaria de su ingreso real». El ingreso real de los ocupados en situación de indigencia disminuyó 25%, incluyendo los subsidios del Plan Jefas. El aumento de 75% de aumento del costo de la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia, implicó que el salario real de los ocupados cayera 37 por ciento en promedio y 48 por ciento en el caso de los trabajadores del sector informal. Para Kritz, «este dato es relevante».
• Informe
Según el informe, «el alto desempleo y la informalidad creciente del mercado de trabajo no son ajenos a esta situación», ya que «en el contexto de la crisis y con un desempleo en torno de 20 por ciento y una reducción significativa del empleo formal, prácticamente desapareció toda posibilidad para negociar aumentos de salarios compensatorios del incremento de los precios».
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