Confirman tribunal para privatizadas

El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se reunirá hoy en Miami (EE.UU.) con Janet Reno, ex fiscal general de ese país hasta el fin de la administración de Bill Clinton.

Encargado por Néstor Kirchner de atender los reclamos de las empresas de servicios, Rosatti advirtió que «el camino para solucionar la cuestión de las empresas privatizadas es el de la renegociación» de los contratos y no el del arbitraje internacional. En una clara embestida contra el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial, afirmó que «nadie puede creer que la política tarifaria de los servicios públicos se vaya a resolver fuera de nuestro país», aseguró el funcionario al ser consultado.

Rosatti cuestionó de este modo el sistema utilizado por el CIADI, donde la Argentina afronta más de 30 demandas de concesionarias de servicios públicos que están en manos de empresas extranjeras. Por la cancelación de contratos y los perjuicios sufridos a raíz de la conversión a pesos de las tarifas establecidas originalmente en dólares tras la devaluación de la moneda argentina de comienzos de 2002, las compañías reclaman unos 17.000 millones de dólares.

• Solución

Rosatti afirmó que ratificará la postura argentina en EE.UU., donde desde ayer participa de la Tercera Conferencia Anual sobre Arbitraje Internacional. Para el funcionario, «la solución definitiva de las controversias planteadas con las empresas que acudieron al CIADI, es una renegociación de los contratos». Rosatti remarcó que «para el gobierno argentino, retirar las demandas ante el CIADI y definir nuevos contratos es todo el mismo proceso, porque se disparó un universo de demandas, muchas de las cuales sin puntos de conexión, presentadas por las empresas».

Para Rosatti, el arbitraje no resulta ser el recurso más apto para solucionar este tipo de controversias, y consideró que «hubiera sido mejor que el CIADI activara primero un mecanismo de conciliación de intereses».

Rosatti explicó que «nuestra posición consiste en aplicar la Constitución nacional en su artículo 27. «El CIADI está arriba de la ley, pero un escalón más abajo comparado con la Constitución nacional», señaló.

En este orden y confirmando un anticipo de este diario, admitió que en el gobierno se está trabajando sobre «una idea» de conformar tribunales administrativos para atender todo lo atinente a controversias en el área de los servicios públicos.