Los constructores se sumaron ayer al coro de empresarios «preocupados» por el cuestionado proyecto de ley sobre accidentes de trabajo, que prohija el controvertido ministro de Trabajo, Carlos Tomada. También expresaron su inquietud por el tema inflacionario y otros costos que inciden sobre la obra pública. Lo hicieron durante la reunión del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que sesionó ayer en La Plata, y a la que asistieron funcionarios del gobierno como el secretario de Obras Públicas, José López Carlos Enrique Wagner -titular de la CAC-, quien dijo que el nuevo proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo «destruye la ley vigente y deja abiertas las variables de responsabilidad civil en forma indiscriminada». Tal como reveló este diario el martes, dicha iniciativa -que estaría a consideración de Néstor Kirchner antes de ser remitida al Congreso- elimina topes para indemnizaciones, abre la vía civil para reclamos, hace imprescriptibles ciertas patologías y crea la figura de los «delegados de salud e higiene» con facultades que van desde la elección de materias primas hasta la interrupción por tiempo indeterminado de la producción en planta (o, en el caso de la construcción, en obra). En los pasillos del encuentro se comentó con enojo la incitativa de Tomada; se sabe que la construcción es una de las actividades de mayor riesgo laboral, y muchas pymes -que hoy están cubiertas con contratos con ART- podrían desaparecer bajo una avalancha de demandas sin tope en la vía civil. «Y encima el grueso de las indemnizaciones se lo terminan llevando los abogados, no los trabajadores», se encrespaba un empresario del interior. Wagner, en relación con la cuestión de los costos, planteó la «necesidad de readecuar los contratos de obras públicas, habida cuenta de que 50% de ellos, actualmente en ejecución, ha quedado desactualizado por la variación de los costos que se han multiplicado en los últimos años».
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