El gobierno decidió ayer, finalmente, que el proyecto para la creación de dos sociedades del Estado que controlarán el transporte ferroviario iniciara su tratamiento en el Senado. Esa futura ley ingresó a esa cámara ayer minutos antes de las 16, aunque todavía no se decidió qué comisiones deberán debatirla antes que llegue al recinto.
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El articulado establece que será función primordial de las dos nuevas sociedades «el reordenamiento de la actividad ferroviaria». Sea crea con ese fin la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado que, como su nombre lo indica, tendrá a su cargo «la administración de la infraestructura actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento, la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad, así como el desarrollo de inversiones».
Uno de los mayores activos que recibirá esa empresa serán todos los millonarios bienes que hoy posee el Organismo Nacional de Administración de Bienes. Esos inmuebles residuales de las privatizaciones y concesiones públicas, especialmente los terrenos que heredó de Ferrocarriles en todo el país, fueron siempre un objetivo dilecto de financiación de todo gobierno.
El proyecto también crea la Operadora Red Ferroviaria Sociedad del Estado. Esta es la empresa que, sola o en sociedad con privados, podrá prestar los servicios de transporte tanto de cargas como de pasajeros, incluyendo el material rodante. Es la que más se parecerá a lo que fue Ferrocarriles Argentinos, aunque el gobierno negara ayer que se estuviera pensando en estatización de servicios, especialmente con los ramales Roca y Belgrano Sur, a los que hace días se quitó la concesión a Sergio Taselli y el San Martín, que también operó el empresario hasta que el gobierno le revocó la concesión.
Todo ese conglomerado de empresas, con sus planes de inversión, subsidios al transporte -que no se modificarán con la nueva ley-, financiamiento propio y asociaciones con privados, quedarán bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal.
Esa cartera será la encargada de planificar el sector, ordenar el sistema, supervisar ambas sociedades, habilitación del establecimiento de líneas y ramales, y la autorización para la disposición de bienes inmuebles, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá resolver los conflictos que puedan plantearse entre las nuevas organizaciones. Junto con el proyecto, el gobierno envió al Senado un resumen del Plan de Inversiones Ferroviarias.
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