Crece en provincias malestar por recortes en coparticipación

La avanzada de Cavallo sobre la coparticipación federal para llegar a déficit cero ya recibió una rotunda negativa de los gobernadores. Oficialistas y opositores coinciden en esta postura. Sostienen que es «ilegal» y por lo tanto un «delito» quitar el monto fijo de $ 1.364 millones. Aceptan discutir una nueva ley de coparticipación, pero no que se haga un replanteo de los fondos. Se escudan en los acuerdos federales ya firmados entre Nación y provincias. Se mostraron sorprendidos y les indigna que se haya hecho público el recorte antes de llevarlo a una discusión oficial. El radical chaqueño Rozas advirtió que correrá serio peligro la gobernabilidad si se hace el recorte. Se esperan decisivas reuniones en los próximos días y es probable que las provincias lleven una propuesta alternativa.

Las pretensiones del gobierno nacional de ampliar las medidas para llegar a déficit cero a los envíos de coparticipación ya tienen como respuesta, antes de su discusión, un no rotundo de los mandatarios provinciales, tanto oficialistas como opositores. Hay acuerdo en la necesidad de juntarse a discutir una nueva ley para la distribución de los impuestos federales, pero sin que ello implique una baja en los montos que les corresponden.

Las voces más enardecidas surgieron, como era de suponer, desde el justicialismo. El gobernador pampeano, Rubén Marín, titular interino de este partido, no dudó ayer en calificar de «ilegal» la posibilidad de que el ministro Domingo Cavallo revea los pactos fiscales federales ya acordados. «Esto es un delito, acá hay leyes nacionales que deben cumplirse. Es como si les dijéramos a los empleados que no les vamos a pagar los sueldos», expresó Marín.

Ilegalidad

Postular la ilegalidad de las intenciones del Poder Ejecutivo nacional es la postura común en las provincias justicialistas desde que comenzó a tomar cuerpo la amenaza de que el déficit cero afectaría los fondos coparticipables.

Al respecto, José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, fue más lejos y advirtió que si el gobierno no cumple con sus acuerdos, cometería «un delito y pondría en peligro la gobernabilidad».

Incluso el gobernador aliancista de Chaco, Angel Rozas, hizo mención a los peligros sociales de cortar el chorro de los fondos en cuestión: «Algunas provincias se tornarán ingobernables», previno a sus pares de Nación. El chaqueño es una de las voces más autorizadas dentro de la UCR y, luego del éxito obtenido en las elecciones provinciales del domingo pasado, sabe que sus consejos tiene mucho peso para el presidente Fernando de la Rúa.

El titular del Ejecutivo bonaerense, Carlos Ruckauf, también hizo sus declaraciones en relación con la postulada ilegalidad del recorte: «Los pactos fiscales que firmaron Nación y provincias fueron aprobados por el Congreso nacional y por las legislaturas provinciales, y ahora son leyes».

Asimismo, el neuquino Jorge Sobisch, representante de un partido provincial y único mandatario por fuera de las discusiones entre PJ y UCR, no dudó en calificar de «disparate» las intenciones de la conducción oficialista.

Sorpresa

En principio, la avanzada de Cavallo sobre la coparticipación parece haber sorprendido a los gobernadores. «Fue un impacto que ni siquiera pensábamos, porque hace tres días Cavallo manifestó que no se iba a tocar nada», se quejó Marín y, en un plano más local, se preguntó: «¿Con el déficit cero quieren romper a las provincias que ya estaban ordenadas?».

Desde Santiago del Estero, el ministro de Economía, Walter Tagliavini, manifestó a este diario que «existe la obligación de discutir una nueva ley de coparticipación, eso es claro, pero lo que no es necesario es replantear los importes que ya tienen la firma nuestra y de la Nación».

Todos los mandatarios y ministros de Hacienda del PJ están a la expectativa de la reunión que tendrán mañana con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo (ver Ambito Financiero), quien será el encargado de escuchar las ya anticipadas negativas al ajuste de los fondos en cuestión -y, posiblemente, alguna que otra propuesta alternativa al simple recorte-y de expresarles lo que ya saben los gobernadores: que el déficit cero implica repartir sólo lo que se recaude, con lo cual ya no habrá montos fijos para distribuir, aunque ya hayan sido pactados, como los $ 1.364 millones mensuales que corresponden por ley a las provincias.