Crisis de deuda: un informe encargado por el papa Francisco propone medidas urgentes y reformas globales

Más de 50 países destinan más del 10% de sus ingresos fiscales al pago de intereses, que se duplicaron en la última década. Las iniciativas que propone el documento coordinado por Joseph Stiglitz y Martín Guzmán.

El Papa Francisco les había pedido a Martín Guzmán y a Joseph Stiglitz un informe con propuestas para la crisis de deuda.

La crisis de endeudamiento en los países dependientes, pobres y algunos emergentes se profundizó en la última década. Más de 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en servicios de deuda que en salud y hay 54 países que destinan más del 10% de sus ingresos fiscales al pago de intereses. Un informe encargado por el Papa Francisco y presentado este viernes en el Vaticano alerta sobre esta situación y promueve medidas urgentes y cambios estructurales en las finanzas internacionales: desde condonaciones de pasivos hasta una reforma de la legislación de distritos claves, como Nueva York o Inglaterra.

En el marco de su proclama a favor de un alivio de deuda a escala mundial, Francisco les encomendó meses atrás la elaboración de un documento para el actual Año del Jubileo al economista estadounidense Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel, y a Martín Guzmán, exministro de Economía de Argentina, quienes conformaron una comisión junto a más de 30 expertos de distintos países. Según las fuentes de la comisión, los llamamientos que nutren el informe cuentan ahora con el apoyo del Papa León XIV.

El antecedente de esta iniciativa se retrotrae al año 2000, el anterior Jubileo. En ese momento se consiguió la condonación de más de u$s100.000 millones en pasivos internacionales, en el marco de un plan para el alivio de la deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPME, más conocido como HIPC por su sigla en inglés). Pero la falta cambios estructurales que prevengan la asfixia financiera de las naciones vulnerables por parte de los centros de poder global, combinada con shocks como la pandemia de coronavirus, devolvió a estos y otros países a una situación crítica.

La crisis de deuda y desarrollo

El informe, al que tuvo acceso Ámbito, resalta que “las cifras fiscales del mundo en desarrollo presentan un panorama desolador”. Desde 2014, la carga media de intereses para los países en desarrollo, medida como porcentaje de los ingresos fiscales, casi se duplicó. La situación es tal que hay 54 países que, en la actualidad, gastan el 10% o más de sus ingresos en el pago de esos intereses, afirma el documento en base a información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

“Hoy en día, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en salud, y 2.100 millones viven en países que gastan más en intereses que en educación. Por lo tanto, los pagos de intereses de la deuda pública están desplazando inversiones cruciales en salud, educación, infraestructura y resiliencia climática. Los gobiernos, temerosos de los costos políticos y económicos de iniciar reestructuraciones de deuda, priorizan el pago puntual de la deuda sobre el gasto esencial para el desarrollo. Esto no es un camino hacia el desarrollo sostenible. Más bien, constituye un obstáculo para el desarrollo y conduce a una creciente desigualdad y descontento”, alerta el reporte.

Es que, lejos de financiar la inversión para el desarrollo, el endeudamiento externo refuerza la dependencia de los intereses de las grandes potencias económicas globales y del capital financiero transnacional. “Existe un consenso creciente entre los expertos: el sistema de deuda actual está al servicio de los mercados financieros, no de las personas. Esto amenaza con condenar a naciones enteras a una década perdida —o algo peor. Ha llegado el momento de actuar con responsabilidad”, enfatizó Stiglitz, quien presidió la comisión encargada de elaborar el documento.

Medidas urgentes y reformas estructurales

Apoyado en el antecedente de hace 25 años, el documento señala que una iniciativa “HIPC II” podría ayudar a avanzar en reestructuraciones con quitas de valor nominal de las deudas más acuciantes, que vayan más allá de una suspensión de los pagos para un conjunto de países en situación crítica, como la que se acordó durante la pandemia.

“La comunidad internacional tiene la obligación moral de impulsar una HIPC II. Sin embargo, los desafíos para implementar una solución tan integral hoy en día son mayores que los que se enfrentaron durante la iniciativa HIPC original. El panorama cambiante de los acreedores implica que una nueva iniciativa tendría que ir más allá de los acuerdos políticos entre los gobiernos acreedores e involucrar a los acreedores privados, quienes ahora desempeñan un papel mucho mayor en las carteras de deuda de los países de ingresos bajos y de ingresos medios-bajos que en la década de 1990”, indica el informe.

Para ello, la comisión plantea la necesidad de modificar los incentivos. En lo que implicaría un desafiante giro de las actuales políticas, el documento insta al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos multilaterales a abandonar las políticas de rescate “de facto” a los acreedores privados ante crisis de balanza de pagos de los países deudos y a no imponer “políticas de austeridad asfixiantes”. Dos principios que, en los hechos, marcan el “modus operandi” de instituciones como el FMI, que reflejan las directrices de sus principales accionistas (EEUU y otras grandes potencias).

Otro de los desafiantes cambios estructurales que promueve el documento respaldado por el Vaticano es una reforma “urgente” de la legislación de distritos como el estado de Nueva York e Inglaterra, donde se emite la mayoría de los bonos soberanos de los países en desarrollo justamente por sus marcos jurídicos ampliamente favorables a los capitales financieros. Algunas de las modificaciones propuestas sintonizan con un proyecto de ley existente en el parlamento neoyorkino, cuyas chances de aprobación lucen aún lejanas.

En concreto, el informe plantea tres imperativos al respecto: limitar “la capacidad de los fondos buitre de recuperar ganancias extraordinarias de la deuda en dificultades, especialmente en los casos en que se están llevando a cabo reestructuración de buena fe”; reducir la tasa de interés previa al juicio que rige desde 1981 en Nueva York y que está fijada en 9% anual ya que “beneficia principalmente a los acreedores litigantes e infla el valor de sus reclamaciones cuanto más tiempo permanece un caso sin resolver”; y aplicar “topes de recuperación” para los acreedores privados en función de las condiciones de reestructuración aceptadas por los acreedores oficiales de los países en cuestión.

Entre otras medidas sugeridas por la comisión presidida por Stiglitz, también se recomienda reforzar las políticas internas de los países en desarrollo o con grandes cargas de deuda en cuanto a los controles sobre el movimiento de capitales golondrina para reducir la exposición a flujos desestabilizadores y fomentar las inversiones a largo plazo.

La idea contrasta con la reciente flexibilización de las restricciones para capitales extranjeros implementadas por el gobierno de Javier Milei: en busca de estimular las colocaciones de deuda del Tesoro argentino, el BCRA eliminó (para buena parte de los fondos que ingresen) la permanencia mínima obligatoria de seis meses en el país. De hecho, el ministro Luis Caputo apuesta a la deuda como vía casi exclusiva para recomponer reservas, en un país como Argentina que en los próximos años enfrentará una montaña de vencimientos en moneda extranjera (buena parte de los cuales se originaron durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri).

Tras su presentación en el Vaticano, los resultados del informe Stiglitz, Guzmán y otros miembros de la comisión llevarán los debates a la 4° Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se realizará en Sevilla, España, del 30 de junio al 3 de julio, a la Asamblea General de la ONU en septiembre (en Nueva York, EEUU) y a la Cumbre del G20 en noviembre (en Johannesburgo, Sudáfrica).

“En este Año Jubilar, una coalición decidida debe actuar para resolver las crisis de deuda y desarrollo, o de lo contrario, aumentará la desigualdad de oportunidades y se agravará la inestabilidad, con consecuencias desestabilizadoras a medio plazo a escala mundial”, planteó Guzmán.