Cuestionan legalidad de suba de 50 pesos

Abogados, asesores laborales y constitucionalistas de las principales entidades que representan al sector privado, y que se vieron sorprendidos por la decisión del gobierno de aumentar los salarios a los trabajadores en relación de dependencia en 50 pesos, cuestionaron ayer abiertamente la legalidad de la medida; advirtiendo sobre los serios problemas legales que podría tener esa medida en el futuro. Según analizaron, la Justicia podría declarar inconstitucional la característica de «no remunerativo» del incremento salarial, lo que obligaría al sector privado a liquidar los aportes patronales y a las AFJP y ART. Para peor, si el Poder Judicial fallara en este sentido, ese retroactivo se debería hacer efectivo desde el primer aumento «no remunerativo» que aplicó el gobierno de Duhalde en mayo de 2002 y que llegaba a los 100 pesos.

Mientras dentro de las empresas se analizaba este cuadro preocupante, desde el gobierno se intentó ayer negar que la decisión tenga matices electorales.

•Amenaza

Según el abogado laboralista Julián de Diego, habría una amenaza concreta en el mediano plazo, que excede a la situación generada por el incremento anunciado por el gobierno. La fórmula «no remunerativa», lo que quiere decir que no forma parte del salario nominal de los empleados en relación de dependencia, podría declararse por la Justicia ordinaria como inconstitucional. Para De Diego, el aumento no remunerativo violaría el artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza un salario «mínimo vital y móvil», además de las normas legales de contratos de trabajo vigentes. De esta forma, cualquier sindicato o trabajador podría presentarse ante la Justicia y que ésta falle en contra de la fórmula «no remunerativa» y decida que se incorporen al salario. Como la «ilegalidad» tendría carácter retroactivo, esto provocaría que los empleadores deberán liquidar los aportes patronales, los giros a las AFJP y ART, el monto correspondiente a los aguinaldos y vacaciones; pero tomando como punto de partida la liquidación de los 100 pesos que rigió desde mayo de 2002 hasta diciembre de ese año, los 150 pesos que se pagan en el período enero-abril de 2003 y los 200 pesos decididos ahora por el gobierno duhaldista. Además, el retroactivo tendría que tomarse en cuenta también para las indemnizaciones de los despidos que hayan ocurrido desde mayo del año pasado.

Por su parte, el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, habló de la debilidad legal del aumento de los 50 pesos y afirmó que podría dejarse sin efecto con un decreto dispuesto por el próximo gobierno. Incluso, mencionó Badeni, el aumento sería directamente inconstitucional de no mediar la sanción de la Ley de Emergencia Económica vigente en la actualidad que autoriza al gobierno a disponer medidas de política laboral.

•Amparo

Si Duhalde no estuviera amparado por esta norma, el aumento sería inconstitucional, ya que la única forma de aumentar salarios es a través de un acuerdo entre empleadores y trabajadores, vía paritarias o fruto de un acuerdo multisectorial que no existió en este aumento de 50 pesos, pero sí en el anterior de 150 pesos, que se negoció dentro de la Mesa por el Trabajo Decente. Diferente sería la situación, afirma Badeni, si el incremento fuera del salario mínimo vital y móvil.

Para Camaño, «apelamos a la manera más sencilla, la más rápida para tratar de ponerle dinero en el bolsillo al trabajador y tratar de reconstruir el sistema de consumo, que es vital para que se reconstruya la economía en un país, pero no es la mejor manera de trabajar el salario y esto lo asumimos».