Con mayor sigilo que en su reunión de ayer con senadores justicialistas, la ministra de Economía, Felisa Miceli, también mantuvo un cónclave con otro grupo de poder representativo del país: los banqueros extranjeros agrupados en ABA (Asociación de Bancos de la Argentina).
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La funcionaria pidió a los asistentes total reserva, quizá para no distraer la atención pública justo en medio de la batalla contra la inflación. O tal vez el motivo haya sido evitar cualquier roce dentro del gabinete.
El encuentro -que se llevó adelante el pasado martes 31 de enero- se desarrolló en las oficinas de ABA, a cinco cuadras del Ministerio. «Fue más que nada protocolar», según coincidieron varios asistentes de la comisión directiva de la entidad, pero se aprovechó para realizar un repaso de los principales temas vinculados al sistema financiero. Miceli estuvo acompañada de sus principales colaboradores en la secretaría de Finanzas, Alfredo Mac Laughlin y su segunda, Alejandra Scharf.
Los principales integrantes de la cúpula de ABA son Mario Vicens (presidente), Enrique Cristofani (Banco Río), Juan Bruchou ( Citibank), Jorge Bledel (BBVA Banco Francés) y Antonio Losada (HSBC). Por las dudas, se evitó cualquier mención al Banco Central y a su presidente, Martín Redrado, para evitar malentendidos. Una de las principales preocupaciones que esbozaron los banqueros fue la continuidad de la suspensión de ejecuciones hipotecarias. En ese sentido, le pidieron a la ministra que «no se vuelva a prorrogar» la suspensión que aprobó el Congreso en noviembre y que estará vigente hasta los primeros días de marzo. «Tenemos que salir de una vez de la emergencia para terminar de normalizar el sistema financiero», manifestaron casi a coro.
Miceli aseguró que analizará el pedido, aunque sin prometer un resultado concreto. Desde la banca sugirieron que se avance sobre cuestiones más puntuales y no normativas generales. Según explican, los legisladores buscan proteger a aquellos deudores que no pudieron pesificar sus deudas contraídas por afuera del sistema financiero y que están esperando una resolución de la Corte Suprema. A ellos debería dirigirse específicamente cualquier suspensión futura de ejecuciones. La ministra defendió los acuerdos de precios que se están firmando con proveedores y supermercados con argumentos que ya dio a conocer públicamente: «Son importantes para frenar las expectativas inflacionarias, que se habían acelerado a fin de año».
Tanto ella como los banqueros destacaron la necesidad de evitar un desborde inflacionario para que no suban las tasas de interés y permitir que reaparezca el crédito a largo plazo. «Me gustaría que más bancos sigan el ejemplo del Nación, que lanzó nuevas líneas a mediano y largo plazo para financiar la producción», explicó Miceli. Pero la respuesta no se hizo esperar: «Casi todos los bancos salimos con líneas de mayor plazo y menor tasa que el Nación, que ajustan según la evolución de la tasa de interés, pero todavía no se están promocionando tanto», le explicaron. Efectivamente, el ajuste según la tasa BADLAR (depósitos mayoristas en bancos privados) se está imponiendo como mecanismo para prestar a más de un año.
Mac Laughlin aprovechó para dar un panorama sobre las necesidades financieras de 2006. Y por primera vez en mucho tiempo, destacaron los asistentes, «no pasó la gorra» para cerrar necesidades financieras del Tesoro. Según calculó, para lo que resta de 2006 quedan por cubrir «entre 1.500 millones y 2.500 millones de dólares», lo cual no supone un inconveniente para las arcas públicas. P.W.
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