El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró ayer que «muchas» de las empresas de servicios públicos «no están cumpliendo por lo menos con los contratos originales». Pero indicó que el gobierno decidió avanzar sobre el caso particular del Correo Argentino «porque desde hace cuatro años no paga el canon previsto en la privatización y por el concurso preventivo en que se encuentra la empresa».
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En cuanto a las restantes compañías que estarían en falta, el ministro dijo que debe establecerse «si ese incumplimiento es producto de la crisis de 2001 o es producto de falencias propias de las empresas». De Vido hizo estas declaraciones en la conferencia de prensa donde, en conjunto con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se anunció la rescisión del contrato del Correo. «Las prestaciones mínimas a la fecha no se encuentran atendidas, conspirando ello contra los objetivos y finalidades del servicio público concesionado», dijo De Vido.
El ministro destacó «la especial gravedad institucional» que implica el no pago del canon por parte del Correo, y afirmó que «los ingresos en concepto de renta postal son un recurso directo del Tesoro nacional, previsto en la Constitución, destinado a satisfacer necesidades públicas esenciales».
También se refirió De Vido a que en los últimos meses «la concesionaria comenzó a realizar actos orientados al desmantelamiento del patrimonio inmobiliario». Dijo, además, que «la autoridad de aplicación verificó incumplimientos vinculados a los precios de los servicios básicos universales e internacionales, lo que ha implicado perjuicios irreparables para los usuarios».
• Estrategia
En los considerandos del Decreto 1.074, donde se rechazan todas las presentaciones administrativas del Correo Argentino, se expresó que hubo «una estrategia de reclamación permanente contra el Estado nacional, de manera tal de utilizar los reclamos como condicionante o justificativo para modificar o no pagar el canon al Estado».
En cuanto a los reclamos, el decreto indicó que la privatización «no previó la existencia de monopolios parciales ni de franjas de servicios exclusivos para el correo oficial» y que esto debió ser tenido en cuenta por el Correo Argentino al realizar su oferta económica. También respondió al reclamo sobre «asimetrías sindicales y laborales» formulado por la empresa, afirmando que «no existe norma alguna en el contrato por la cual el Estado nacional hubiese asumido el compromiso de garantizarle un convenio colectivo de trabajo determinado, y que esto «sólo puede surgir de la negociación entre la propia empresa concesionaria y el respectivo sector gremial».
