Definen esta semana veto a impuesto para telefónicas

El viernes vence el plazo para que la ley que crea un nuevo impuesto municipal para las empresas telefónicas quede promulgada de hecho o sea vetada por el presidente Fernando de la Rúa.

Por el momento, no parece haberse tomado una decisión. Según la Federación Argentina de Municipios (FAM), De la Rúa les prometió la semana pasada que la ley no será vetada. En cambio, según una versión, el Ejecutivo intenta convencer a los municipios de la necesidad de unificar en uno solo los tributos que se cobran en las distintas comunas.

Esa negociación, sin embargo, excedería el marco de la ley sancionada por el Senado el miércoles 29 de agosto. Sería de hecho una contraoferta para dar paso al veto de la norma, con el criterio de que la homogeneización de las actuales tasas beneficiará a los municipios.

Cuestionamientos

La nueva ley establece un impuesto de 2% sobre la facturación bruta de las empresas telefónicas por uso de espacio aéreo para el tendido de redes y de 1% en caso de que el cableado sea subterráneo. La norma, tal como fue sancionada por el Congreso, prohíbe el traslado a tarifas del nuevo gravamen.

La ley es fuertemente cuestionada por Telefónica y Telecom, según las cuales se están violando los contratos firmados con el Estado nacional y el pliego de licitación de ENTel. Esos contratos que siguen vigentes hasta que haya competencia efectiva aun cuando el mercado ya está desregulado, garantizan la estabilidad tributaria, lo que significa que toda modificación impositiva, por aumento o disminución, puede trasladarse a los usuarios.

La exención de impuestos por el tendido de cables telefónicos data de la época de ENTel como una medida para que la telefonía llegara a las localidades más apartadas. Como tal fue heredado por las empresas que sucedieron a la telefónica estatal, y que ahora están amenazando con iniciar acciones ante la Justicia argentina e incluso recurrir a tribunales internacionales porque se consideran afectados los tratados de inversiones recíprocas con España, Francia e Italia.

Aumento

Si el Presidente decidiera el veto parcial de la ley permitiendo el impuesto, pero vetando la prohibición de trasladarlo a tarifas, no se sabe todavía cuál sería el aumento para los consumidores, ya que este aspecto dependería de la reglamentación.

En principio, la tasa está fijada sobre la facturación bruta de las telefónicas en cada localidad, siendo más alto el ingreso para los municipios con más usuarios telefónicos: Capital Federal, Córdoba y Rosario en primer lugar.

La decisión es delicada para el gobierno porque podría ponerse en contra a numerosos intendentes en pleno período preelectoral, y crearía un fuerte rechazo si decide permitir el traslado a tarifas, en momentos en que se están recortando los sueldos y jubilaciones.

El secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, y el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, se manifestaron en contra del gravamen cuando fueron convocados por los legisladores. Pero ahora el veto o la promulgación es resorte exclusivo del Presidente.