Demorarían los aumentos de tarifas
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Guillermo Moreno
No trascendió aún el criterio que se aplicará para el esquema de tarifas diferenciales, pero una alternativa sería la que utilizó la Ciudad de Buenos Aires para fijar la alícuota del Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), e incluso la que utiliza AySA para las facturas de agua y saneamiento.
Se consideraría ubicación del inmueble y cantidad de metros cuadrados, y se podrían cruzar los datos con los que utiliza la empresa estatal de agua, que tiene una zona de concesión muy similar a la de Edenor y Edesur, y con los consumos históricos de electricidad.
Según datos confiables, la industria y el comercio tendrían subas moderadas porque ya pagan facturas con incrementos desde enero de 2007, de modo que el mayor peso del ajuste que se anticipa será sobre los sectores de mayores recursos, que son, además, los que ponen en vilo al sistema eléctrico por la cantidad de aparatos de aire acondicionado que tienen instalados. Los sectores de menores recursos tendrán menos alza.
En principio, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, habría sido quien negoció el nuevo esquema con las distribuidoras, aunque el mismo funcionario dejó entrever que había una decisión política superior que ya estaba tomada, en cuanto a subir las tarifas eléctricas.
Lo que se estimaba el fin de semana acerca de ajustes a aplicar desde abril, ahora está en duda, porque además de los factores políticos, está demorada la elaboración de los nuevos cuadros tarifarios, los que deben ser aprobados por el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE). De todas formas, cualquiera sea la fecha en que entre en vigencia, se insiste en que el aumento será retroactivo al 1 de febrero, tal como está planteado en las actas acuerdo que pasaron por el Congreso y fueron refrendadas por decretos del Poder Ejecutivo.
En cuanto a la necesidad de convocar en forma previa a las correcciones a una audiencia pública y requerir aprobación del Congreso, en el gobierno primaría la idea de que ya no hace falta cumplir ambas instancias.
Según esta opinión, se tratade un aumento que ya estaba pautado y que pasó en su momento por audiencia pública y por el Congreso. Sin embargo, asociaciones de consumidores podrían objetar esta decisión en la Justicia, con lo cual se demoraría todavía más un proceso que debía estar terminado el 1 de febrero.
Los aumentos no sólo buscan recomponer el equilibrio financiero de las distribuidoras eléctricas para que realicen más inversiones, sino también pretenden desalentar el alto consumo residencial, frente a la escasez y la necesidad de disminuir las restricciones eléctricas a la industria durante el invierno.




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