Después de la convertibilidad
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En el año 2002 se produjeron 300.000 despidos pese a la duplicación de las indemnizaciones.
Las exportaciones aumentaron por la suba de precios internacionales de los commodities, pero cayeron las exportaciones industriales. Las importaciones se desplomaron, dando lugar a un superávit comercial de u$s 17 mil millones anuales, producto de la depresión.
El PBI, que ascendía a u$s 280 mil millones en 2001, cotiza ahora a u$s 120 mil millones. (1)
La deuda, que estaba en u$s 140 mil millones en 2001, supera ahora los u$s 175 mil millones. (2)
Si todo esto no es ajuste, el ajuste dónde está.
Entre el 1 de noviembre de 2001 y el 14 de diciembre de ese año, se habían reestructurado u$s 42 mil millones de la deuda pública nacional y u$s 14 mil millones de la deuda pública provincial, facilitando el canje internacional ya que se contaba con los votos necesarios para ello, por lo que pudo haber concluido en febrero de 2002 sin necesidad de contratar ningún banco de inversión para ello. Casi dos años después, el panorama sigue incierto, pese a la contratación de importantes asesores que cobran cuantiosos honorarios mensuales, ya que ni siquiera se conoce la deuda elegible para la reestructuración.
Los bancos deben al BCRA redescuentos por $ 21.763 millones, pero tienen depositados en las cuentas que poseen en el ente rector $ 15.037 millones.
En tanto que las reservas internacionales bajaron de u$s 14.546 millones a u$s 12.239 millones, la base monetaria aumentó de $ 11.982 millones a $ 37.765 millones entre el 31 de diciembre de 2001 y el 2 de julio pasado.
El dólar cotiza a $ 2,80, con tendencia a la baja, pese a que, de acuerdo con el parámetro de la convertibilidad (base/reservas), su precio sería de $ 3,08.
Si uno observa el fenómeno monetario, resulta fácil advertir que sin la emisión de los $ 25.783 millones en que creció la base monetaria, el dólar seguiría cotizando a $ 1 y con un fuerte ingreso de capitales, mal que les pese a los que consideran que la convertibilidad era insostenible.
Pero ¿pudo evitarse la emisión?; sin duda que sí, ya que, como se advierte, la mayor parte ($ 21.161 millones) está inmóvil en las cuentas que los bancos tienen en el BCRA ($ 15.037 millones) y en inversiones en LEBAC ($ 6.124 millones).
• Reestructuración
Seguramente hubieran debido reestructurarse algunas entidades financieras entonces en problemas, pero seguro que no hubieran sido el Scotia, Bisel, Suquía, Bersa u otros bancos que estaban bien administrados, y que, como la mayoría del sistema, en un contexto previsible, hubiesen honrado sus compromisos.
Sin duda, hubiera sido necesario mantener el «corralito» por el período inicialmente previsto de tres meses hasta el 28 de febrero de 2002, lo que es mucho menos que el año largo que lo mantuvieron en vigencia los fundadores del nuevo modelo. En cambio, no hubiese sido necesario el «corralón», la devaluación ni, por supuesto, la «pesificación».
El orden constitucional se hubiese preservado de las violaciones a los derechos y garantías de los habitantes que abarrotaron los tribunales de todo el país con legítimos amparos y otras acciones.
Para qué sirve este repaso, para advertir que es posible adoptar una estrategia que nos ahorre el bochorno de décadas de pobreza y hambre en un país «condenado al éxito».
La pertinaz y, a la postre, inútil resistencia al regreso de una parte íntima de los capitales y ahorros en dólares, que por más de u$s 40 mil millones abandonaron el país en el período 2001/2003, no es el camino correcto. En cambio, deben dejar de emitirse pesos de inmediato, manteniendo su libre flotación (por lo menos hasta recuperar su valor) y admitiendo la plena circulación de monedas extranjeras en el país, desde y hacia el exterior.
(1) y (2) Valores estimados.




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