17 de mayo 2021 - 00:00

Deuda: Gobierno vuelve a acelerar negociaciones con Kristalina Georgieva

Retomará contactos el ministro con el staff técnico, a través de la directora adjunta para el Hemisferio Occidental, Julie Kozac.

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva.

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva.

Un Martín Guzmán nuevamente empoderado y apoyado por el Presidente, al menos en la temática deuda externa, volverá desde esta semana a acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar cerrar una Carta de Intención con el organismo que luego derive en un Facilidades Extendidas. El ministro de Economía, respaldado por el Ejecutivo en la última gira presidencial europea de la semana anterior, retomará los contactos con el staff técnico del Fondo a través de la directora adjunta para el Hemisferio Occidental, la nortamericana Julie Kozac. En general las negociaciones tendrán el mismo ritmo que las que se encararon entre diciembre del año pasado y febrero de 2021 y que casi llegan a buen puerto. Las trabas internas dentro de la coalición gobernante fueron el factor que congeló el diálogo y llevó al estancamiento durante el período marzo-mayo. Ahora, luego del contacto de Roma entre el Presidente, el ministro y la directora gerente Kristalina Georgieva comienza una nueva etapa que el ministro quiere aprovechar.

El Ejecutivo ya tiene definido los lineamientos básicos de lo que sería el eventual acuerdo. De llegar a buen puerto las negociaciones se firmaría un Facilidades Extendidas a 10 años, comenzando a cumplir con las obligaciones 4,5 años después de comenzado a regir, con lo que de firmarse en el último trimestre del año, el primer pago concreto que debería ejecutar Argentina sería en el segundo semestre de 2025. Probablemente bajo la fórmula de intereses en todos los primeros semestres, y capitales en el segundo.

Los negociadores argentinos buscan ahora incluir dos cláusulas. La primera, que indique explícitamente que si en el futuro hubiera plazos superiores a los 10 años para los acuerdos de Facilidades Extendidas, automáticamente Argentina podría verse beneficiada. La segunda, que si entre el período 2022 y el primer semestre de 2025 el país cumple con las pautas establecidas para el acuerdo, el organismo financiero se comprometa a refinanciar los vencimientos de ese año. Por su parte, la Argentina deberá cumplir con las fiscalizaciones habituales del organismo, incluidas en el artículo IV, alcanzando las metas a las que se comprometa ante el Fondo. Esto incluye objetivos fiscales, monetarios, inflacionarios y cambiarios.

¿Cómo se pagarán el dinero en 4 o 5 años? El equipo de Martín Guzmán confía que para la 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generará la suficiente confianza en los mercados internacionales como para poder volver a tomar deuda. En consecuencia, lo que esperan los negociadores con el FMI, es que no se toquen las reservas y que estas permanezcan en aquellos hoy lejanos tiempos futuros, acumulando divisas para mostrar solidez cambiaria y fiscal a los mercados internacionales. Se descarta, entonces, cualquier etapa épica como la de comienzos de 2005, cuando Néstor Kirchner anunció el pago de toda la deuda que el país mantenía con el FMI, y que llegaba a u$s9.800 millones. Esa alternativa, por décadas, estará cerrada, gobierne quien gobierne.

Estas son las condiciones generales que fueron conversadas entre Alberto Fernández, Martín Guzmán y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el encuentro que los tres mantuvieron por más de una hora y media en Roma. Son los términos que ya están prácticamente cerrados, y que, salvo sorpresas desagradables, serían avalados oportunamente por el “board” del organismo. Serían condiciones inmejorables. En los acuerdos del tipo “Facilidades Extendidas”, sólo se pueden autorizar planes de pagos de entre 7 y 10 años. Y, para el caso de países complicados y poco confiables (como Argentina), los tiempos deben ser más cercanos a 7 que a 10. Si Argentina lograra no pagar hasta el fin del mandato de Alberto Fernández como propone Martín Guzmán, los primeros pagos de capital más intereses comenzarían en el primer trimestre del 2025; con lo cual habría entre tres y cinco años para liquidar los u$s44.800 millones que se le deben al FMI.

Haciendo números crudos, serían entre u$s8.000 y 10.000 millones anuales de pagos obligatorios si el país no quiere perder su status en el Fondo y, eventualmente, la alternativa de nuevos créditos. Dinero que no debe salir de las reservas, sino del financiamiento voluntario. Además de no caer en default y sufrir castigos impensados en el mercado financiero internacional. Los negociadores argentinos saben que ese nivel de pagos es imposible de afrontar para el país, pero piensan en alternativas. Otra opción serían planes de refinanciación del propio FMI para ir pedaleando las cuotas; situación que puede generarse sólo si el país comienza a cumplir con los primeros compromisos, sin apelar a esta alternativas. Implicaría que durante el 2025 y el 2026; sí o sí, Argentina debería conseguir entre u$s15.000 y 18.000 millones para cumplir con el Fondo; para luego poder acceder a las líneas de refinanciamiento del organismo.

Un punto básico ya prácticamente negociado, es la inclusión de un capítulo especial que mencione específicamente que si en el futuro se modifica la Carta Orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de acuerdos a más de 10 años; el Facilidades Extendidas que se firme con Argentina pueda ser revisado e incluya los nuevos plazos. Si, por ejemplo, se cerrara este año el acuerdo y se firmara durante el 2021 un pacto a 10 años, y en el caso que el estatuto del FMI cambiaria en el período vigente del acuerdo (hasta 2031), el organismo debería permitirle al país la extensión de los plazos.

Según coinciden tanto los negociadores con los que trata el país, encabezados por la norteamericana Julia Kozac, como el Ministerio de Economía argentino; esta “cláusula” no violentaría el estatuto del FMI y habilitaría al país para recibir cualquier mejora futura en las condiciones vigentes. Dicho de otra manera, el acuerdo con el Fondo nunca tendría condiciones peores, y estaría abierto a mejorarlo si en el futuro hay cambios en los tipos de planes de pago que le convengan al país.

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