Deudas PyMEs y vivienda única irán por decreto a mediación

El gobierno acordó anoche con diputados radicales y peronistas la firma de un decreto para establecer un sistema de mediación obligatoria entre acreedores y deudores PyMEs o con garantía de vivienda única. La UCR quiere una ratificación por ley que se haría la semana próxima y exige cambios en el régimen de pagos de deuda con CEDRO y BODEN a cambio de no presionar por el rechazo al veto de Eduardo Duhalde a la ley de cancelación de deudas con títulos. Lo cierto es que los diputados radicales actuaron ayer con la fuerza que les da el sumar más votos que el PJ junto al menemismo, peronistas disidentes, ARI y la izquierda, tal como se demostró en un intento de sesión por la mañana . El gobierno cayó, entonces, en la cuenta de que, sin un acuerdo parlamentario con la oposición, no podrá votar las leyes que prometió en el acuerdo.

Roberto Lavagna se comprometió a discutir el tema con los funcionarios del FMI y convencerlos de que el esquema de mediación no significa una suspensión de ejecuciones ni un avance sobre la Ley de Quiebras, como se interpreta en Washington. Este problema ya fue explicado por Lavagna en la residencia de Olivos antes de la firma del acuerdo de los 12 puntos, lo que obligó a los presentes a no demorar la firma.

Una comisión especial integrada por Horacio Pernasetti, Fortunato Cambareri, Noel Breard y el democristiano Alberto Natale se reunirán con Roberto Lavagna y Alfredo Atanasof en el Ministerio de Economía, para delinear un proyecto definitivo de mediación que tendría primero la forma de un decreto y luego sería ratificado por el Congreso.

En el mismo encuentro, los legisladores quieren acordar una modificación al sistema de pago con bonos. Después del veto de Duhalde a la ley sancionada hace menos de un mes, sólo quedó vigente la posibilidad de cancelar deudas bancarias mediante el uso de CEDRO, los certificados de depósitos reprogramados, siempre que la deuda se encuentre radicada en el mismo banco donde se realizó el depósito. Además, se pueden utilizar los BODEN, tal como quedó establecido en el Decreto 905, que dispuso la emisión de esos títulos.

Los radicales quieren que en estos dos casos los deudores no deban pagar la actualización por CER, ni intereses punitorios o resarcitorios y la tasa de interés se fije en un máximo de 8% anual. Además, exigen que se consoliden esas deudas a febrero de este año, cuando entró en vigencia el Decreto 214 de pesificación.

Algunos peronistas bromeaban ayer con la idea de que algunos radicales estaban preocupados por la ley de pago con bonos por estar endeudados y querer acceder a una cancelación a bajo costo mediante el pago con títulos.

•Decreto

La comisión especial comenzará a trabajar en el Ministerio de Economía hoy a partir de las 16, y allí se intentará redactar un decreto de necesidad y urgencia que contemple una instancia de mediación, el cual tendrá luego ratificación legislativa en una sesión pactada para la semana próxima. Al mediodía, los radicales se reunirán para unificar todos los proyectos sobre mediación y pago con bonos que circulan por el Congreso. Ayer la confusión era tal que ni los propios legisladores podían discernir el origen de los múltiples borradores que se distribuyeron y que iban desde una suspensión de ejecuciones con mediación judicial obligatoria en 15 días hasta la creación de una instancia administrativa en los ministerios de Trabajo y de la Producción para crear ámbitos de conciliación, tal como propuso el Ejecutivo.

El acuerdo de ayer se logró luego de varias reuniones que mantuvieron Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin y Roberto Lavagna con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, el radical Horacio Pernasetti, el provincial Alberto Natale, el frepasista Darío Alessandro y diputados de todos los bloques como Manuel Baladrón, Fortunato Cambareri, Carlos Alesandri, Noel Breard, Rodolfo Martínez LLano, María del Carmen Alarcón, Diego Santilli y Omar Becerra.

Con el fantasma de una ruptura del acuerdo de Olivos que impidió ayer la votación del cronograma electoral por presión de toda la oposición, a la que se sumaron menemistas y peronistas disidentes, al gobierno no le quedó otra opción que negociar una salida para los casos de ejecuciones judiciales. «Vamos a empezar a trabajar en la búsqueda de los consensos que permitan elaborar un decreto de necesidad y urgencia que solucione el problema de las ejecuciones hipotecarias», dijo Baladrón ayer a la salida de las reuniones en Casa de Gobierno.

Esa comisión, de cuyos resultados dependerá, curiosamente, buena parte del futuro del acuerdo de Olivos, estará conformada por un representante de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios de Economía y de Interior, y tres por cada bloque parlamentario.