Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora de cerealeras

La Cámara de Diputados convirtió esta tarde en ley el proyecto que establece la creación de una comisión bicameral que se encargará de analizar posibles casos de elusión impositiva en las exportaciones de cereales realizadas entre noviembre y marzo último.

El proyecto, votado en forma unánime, contempla la creación de una comisión integrada por seis diputados y seis senadores que trabajará durante 90 días, renovables por otro lapso similar.

Los legisladores analizarán la actuación de las cerealeras al momento de liquidar las retenciones de ese período, ante la presunción de una posible evasión por una cifra superior a los 1.500 millones de dólares.

La norma -que ya contaba con media sanción del Senado desde el 6 de agosto pasado- contempla la creación de una comisión bicameral que "no ocupará el rol de la Justicia", según aclaró durante el debate en el la Cámara alta el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto.

Sin discursos, y respetando el texto del Senado, la Cámara baja aprobó esta tarde el proyecto en menos de cinco minutos.

El objeto de análisis de la comisión comprende el estudio de "presuntas maniobras fraudulentas que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales", según señala la iniciativa en sus considerandos.

Con esa maniobra habrían sorteado las subas en las alícuotas a las exportaciones de soja fijadas en los primeros días de noviembre pasado -del 27,5 al 35 por ciento-, embolsando una cifra superior a los 1.500 millones de dólares.

El plazo de 90 días estipulado en la iniciativa sólo puede ser prorrogable por la mayoría de los miembros de la comisión por un plazo similar.

Hace más de un mes, el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, hizo propia la denuncia de varios sectores y ordenó revisar las retenciones aplicadas a las exportaciones de 30 millones de toneladas de granos y subproductos (aceites) exportadas por 57 empresas.

Para esto se amparó en la ley Martínez Raymonda (que establece mayores controles sobre los registros exportadores) y el decreto presidencial 764 de mayo de 2008.

Según sus primeras conclusiones, las compañías no podrían acreditar la existencia de 24 millones de toneladas al momento de la exportación, tal como declararon en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.

Tras la media sanción del Senado, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) salieron a apoyar la creación de la "Comisión Bicameral Especial Investigadora" de las operaciones de comercio exterior de granos y derivados.

"Ambas entidades y sus empresas socias entienden que es de interés del sector y de toda la sociedad que sean aclaradas de manera veraz y comprobable las diversas manifestaciones difundidas recientemente, a la vez que ayude a la comprensión de la operatoria de la comercialización externa de los granos, aceites y subproductos oleaginosos", señalaron en esa oportunidad CIARA Y CEC a través de un comunicado.