Bicameral avaló DNU pandémico y se buscan votos de ley que blinda futuras restricciones

Economía

La comisión bicameral de Trámite Legislativo, que comanda el diputado camporista Marcos Cleri, avaló ayer el último Decreto de Necesidad y Urgencia con el que Alberto Fernández renovó restricciones por la pandemia del coronavirus. Con el despacho ya firmado, el Senado cristinista lo votará en pocos días y la norma quedará blindada.

A pesar de tener controlado este tema, el Gobierno pretende que Diputados sancione la ley que activará futuras restricciones, con el objetivo de dejar de lado los DNU.

La iniciativa en cuestión, que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, recorre los DNU pandémicos y activa criterios epidemiológicos para tomar medidas ya conocidas en cuanto a circulación, transporte, escuelas, comercios y trabajo presencial-virtual en los lugares clasificados como de “Bajo”, “Medio”, “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”, y el de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, el más grave de todos.

Para moverse de esas etapas, se tomarán los casos confirmados de los últimos 14 días y se compararán con las dos semanas anteriores a dicha foto. Las clases sí estarán suspendidas en zonas de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, en todos los niveles y modalidades, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, será obligatoria una actualización diaria de ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación.

Ayer, el diputado kirchnerista y titular de la comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin señaló que “si se hubiese aprobado la ley en la que se establece el semáforo epidemiológico, no tendría el Gobierno que emitir un DNU cada 15 días”.

“Hay una pretensión del Ejecutivo de dictar disposiciones locales, que son competencia de las provincias”, respondió el también diputado Pablo Tonelli (PRO), y criticó la estrategia de “querer facultar a los gobernadores de una manera que no es necesaria y que viola la Constitución”.

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