En las cercanías de SOCMA, el grupo que encabeza Francisco Macri, no se cree demasiado en el término «reprivatización» que lanzó el gobierno para explicar qué hará en realidad con el Correo Argentino: volverlo a la órbita pública.
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La teoría que circula en la plaza es que efectivamente se llamará a licitación el año próximo, pero dadas las condiciones en que se encuentra el mercado telepostal (atomizado, caótico, con centenares de empresas «truchas» que no pagan impuestos o aportes jubilatorios), ninguna de las ofertas resultará satisfactoria o económicamente viable. Así, quienes se presenten serían descalificados por no reunir los requisitos previstos en el llamado a licitación, y no habría más remedio que conservar el Correo en manos del Estado, un hecho consumado, dado que para entonces habrán pasado más de seis meses desde el día en que se canceló la concesión.
De todos modos, trascendió ayer que Correo Argentino SA apelará la decisión tomada por el presidente Néstor Kirchner, aunque sin demasiadas esperanzas de que puedan revertirse los efectos del decreto 1.075/03. «Tampoco plantearán una cruzada: la intención no es embestir contra el poder del gobierno como Don Quijote contra los molinos de viento, o sea sin la menor esperanza de ganar nada», dijo un hombre cercano al grupo Macri.
• Ineficiencia
De hecho, la administración efectuada, hasta la fecha tuvo bastante ineficiencia, lo que le deja poco margen a reclamos. En una solicitada que se publica hoy -y de la que hubo múltiples versiones hasta llegar al texto final-puede leerse de algún modo el desconcierto inicial del grupo que controla el Correo; allí se dice que se seguirá prestando el servicio y se pide a empleados que mantengan la calidad operativa, y a proveedores y clientes sus compromisos.
El texto marca que aún no se ha concretado la decisión de llevar al Estado argentino a los tribunales para reclamar una fuerte suma, que a los reclamos «históricos» del Correo por cerca de $ 1.200 millones se sumarían un monto significativo por «daños y perjuicios, lucro cesante» y otros perjuicios.
Esta pelea se dará hasta las últimas consecuencias, y tiene que ver con el cobro de las deudas que -dicen-tiene el Estado con ellos, léase servicios postales prestados (y no pagados) a organismos públicos, más un histórico reclamo por los perjuicios que le causó al concesionario el no cumplimiento del párrafo del pliego licitatorio que prometía que el Estado asegurará que el Correo Argentino estará en iguales condiciones para competir con el resto del mercado.
Esa promesa escrita habría sido ampliada en esos días por el entonces presidente Carlos Menem, quien le habría asegurado a los ganadores de la licitación que se reformaría el régimen laboral de los trabajadores telepostales (y de la media docena de otros gremios que actúan en el seno del Correo) para «empatarlos» con el convenio de los camioneros. Sucede que todos los competidores del Correo oficial -o sea OCA, Andreani y los más chicos que pagan cargas sociales y aportes sindicales-están afiliados masivamente al sindicato de Hugo Moyano, cuyos salarios de convenio y condiciones de trabajo (horarios, vacaciones, días por enfermedad, inmovilidad laboral etc.) son sensible-mente inferiores a los de los telepostales, que como todo gremio estatal goza de beneficios impensables para el sector privado. Esa «asimetría laboral» se mantiene hasta hoy, y difícilmente el próximo concesionario -de haber alguno-caerá en la trampa de las promesas no escritas.
De lo que tampoco hay dudas es del desagrado que seguramente causó entre la gente de Macri la designación del diputado Eduardo Di Colla como «presidente de la Unidad Administrativa» (léase interventor): se trata de un «enemigo histó-rico» del correo en manos privadas, y fue pionero en reclamar por los incumplimientos en el pago del canon.
