EE.UU. acelera la liberación del comercio

En un importante documento, relativamente poco difundido, sobre la «Estrategia de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional», el presidente George W. Bush sostuvo, a comienzos de su gestión, que hay «un solo modelo sustentable para el éxito de una nación: libertad, democracia y libre empresa». Por ello incluyó, como uno de los objetivos centrales de la estrategia norteamericana para difundir la paz, el de impulsar que la libertad y el desarrollo de las instituciones democráticas sean temas clave en las relaciones bilaterales.

Coincidentemente, con relación a la ayuda externa, aclaró que ella se dirigirá hacia «países cuyas administraciones gobiernen con justicia, inviertan en su gente y promuevan la libertad económica». Clarísimo.

• Una propuesta

En línea con esas premisas, su administración acaba de hacer pública su posición en materia de liberación del intercambio comercial internacional para la Rueda de Doha, también llamada Rueda del Desarrollo.

Respecto de los bienes industriales, propone que todas las tarifas que sean de 5% o menores sean eliminadas en 2005, año en el que -conforme al calendario acordado- debería llegarse a un acuerdo global en la rueda en cuestión. Por su parte, las tarifas que sean superiores a 5% deberían armonizarse y reducirse a no más de 8% en el año 2010. Tarea inmensa, atento a que los Estados Unidos tienen unas 10.200 posiciones arancelarias. Finalmente, las tarifas que presenten cuestiones más complejas (como 48% que hoy aplican a las zapatillas, o 32,5% que corresponde a los sweaters) se acordarían antes de 2015, año en el que -finalmente- todas serían eliminadas.

La armonización propuesta sería naturalmente más dura para aquellos países con niveles de protección más elevados, como los europeos, Brasil o la India, que para los que tienen niveles bajos, como Chile.

Esta propuesta norteamericana -radical por cierto- procura devolver a las conversaciones de Doha el dinamismo perdido, y complementa a la que ya presentaran para el sector de los productos agrícolas, donde la idea es que las tarifas -que hoy son bastante más elevadas que las de los productos industriales (desde que mundialmente están en un promedio de 62%) se reduzcan a 15% en un plazo de cinco años. Mientras, en paralelo, se eliminan los subsidios en un plazo de, también, cinco años.

De tener éxito, los Estados Unidos liberarían unos 18 billones de dólares que hoy sus consumidores pagan en concepto de aranceles de importación de productos industriales, cuyas tarifas promedian 5% (el promedio mundial, recordamos, es del orden de 40%). Aranceles que, no obstante, aumentan en casos específicos -como el de la indumentaria, las valijas o los productos de cuero- hasta niveles de 20%. Estos son los llamados «peaks» arancelarios, especialmente destructivos.

Nada se dice, sin embargo, al menos por ahora, acerca de un capítulo que no puede quedar excluido de las conversaciones. El de los derechos antidumping o compensatorios, a través de los cuales los productores norteamericanos suelen obtener protecciones arancelarias efectivas bastante más altas, desde que trepan hasta 30% en algunos casos.

El nuevo director general de la OMC, Supachi Pnichpakdi, reaccionó de inmediato, señalando que la propuesta comentada luce «poco realista». Porque son precisamente los países menos desarrollados, como el Brasil o la India, los que deberían tener que adaptarse más rápidamente. Porque son ellos los que hoy tienen las barreras tarifarias más altas.

La única forma de lograrlo sería, presumiblemente, que la dinámica de reducción de tarifas incluya, desde el vamos, las que azotan a los exportadores de productos del agro. Sería sólo equitativo. Y, seamos realistas, de no ocurrir esto, las negociaciones de Doha tienen realmente poco margen para el éxito.

• Coincidencia

La ofensiva en pro de liberar el comercio internacional, de la que parece formar parte la nueva propuesta norteamericana, está en línea con la visión que hoy tienen los organismos multilaterales de crédito. Que es pública.

En efecto, el FMI y el Banco Mundial, en sus respectivas recientes asambleas anuales, presentaron un informe conjunto en el que abogaron -sin eufemismos- por que los países ricos permitan rápidamente el acceso a sus mercados a los productos del mundo en desarrollo dejando de lado su dañino proteccionismo cuando de los productos del agro se trata. Proteccionismo que, reconocieron, daña enormemente a los países de menores ingresos.

• Subsidio

Nicholas Stern, economista jefe del Banco Mundial, puntualizó específicamente que los países de la OECD, dedicaron -en 2001- más de 230 billones de dólares a subsidiar a sus sectores agropecuarios. De ellos, más de 93 billones fueron gastados por la Unión Europea, unos 49 billones por los Estados Unidos, 47 billones por Japón y algo más de 16 billones por Corea del Sur.

Cada vaca europea recibe, entonces, por día, unos 2,5 dólares en subsidios. Las vacas japonesas, peor, reciben alrededor de 7 dólares diarios.

Mientras tanto, en el Africa subsahariana, 75% de las personas, incluyendo mujeres y niños, vive con menos de 2 dólares diarios. Escandaloso, por cierto.

Si los subsidios se eliminan, los países en desarrollo ganarían, en muy pocos años, unos 500 billones de dólares anuales de nuevos ingresos. Diez veces más, en consecuencia, que la «asistencia económica» total que hoy reciben de los países industrializados. De allí que el resultado de la Rueda de Doha de la OMC sea vital para el futuro de los países de menores ingresos. Entre ellos, nosotros.

Si la Rueda en curso no incluye (i) el desarme automático de los subsidios al sector agrícola que pagan los países ricos, y (ii) la liberación del comercio de los productos de los sectores textil y de la indumentaria, fracasará. Irremisiblemente.

Porque en ausencia de reciprocidad y a la vista del daño ya acumulado sobre el mundo en desarrollo desde 1964, difícilmente se pueda pensar en alcanzar ningún consenso. Porque sería mantener -hipócritamente- un estado de cosas inaceptable.

(*) Embajador. Ex representante permanente de la República Argentina ante la ONU. Presidente electo de la International Bar Association.