París (EFE) - El caso Executive Life que enfrenta a la Justicia de Estados Unidos con Francia es un «asunto de Estado», afirmó Jean Peyrelevade, ex presidente del Crédit Lyonnais, el banco que adquirió la aseguradora estadounidense de manera supuestamente ilegal en 1991. En una entrevista que publicó el diario «Le Figaro», Peyrelevade afirma que este caso es «necesariamente un asunto de Estado», aunque apostilló que los franceses cometerían «un profundo error si lo convierten en un asunto de política interna». Este embrollo jurídico, que costará carísimo a los contribuyentes franceses si finalmente no hay acuerdo extrajudicial amistoso y llega a juicio, «valdría mucho dinero en un proceso civil» si cualquiera de las partes implicadas reconoce una responsabilidad penal, según el ex presidente de Crédit Lyonnais.
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La Justicia de California acusa al banco fran-cés Crédit Lyonnais de haber comprado ilegalmente, en 1991, la aseguradora estadounidense Executive Life, que estaba al borde de la quiebra, a través de su filial Altus Finance y de la mutual de seguros Maaf. La actual filial de Crédit Agri-cole, Crédit Lyonnais, que entonces era una banca pública, vendió a continuación Executive Life (actual Aurora) al holding Artemis, propiedad del multimillonario Francois Pinault, amigo del presidente francés, Jacques Chirac.
El propio Chirac desmintió los rumores que aseguraban que había intervenido personalmente a favor de Pinault. Tras varios meses de negociaciones, París ha rechazado dos veces una oferta extrajudicial amistosa de Estados Unidos para evitar que el caso llegue a juicio. La primera negativa francesa se remonta a setiembre y la segunda al martes pasado, y las dos veces el motivo fue el mismo: la oferta estadounidense no incluía a Pinault ni a Peyrelevade.
La fiscalía estadounidense «piensa que en este asunto hay una gran conspiración francesa. Un reconocimiento de culpabilidad de cualquiera de las partes francesas, incluido yo, sobre el carácter ilegal de los montajes anteriores (...) reforzaría la tesis del fiscal», advirtió Peyrelevade. Por tanto, afirmó que «un reconocimiento de culpabilidad de mi parte valdría, por tanto, mucho dinero en un proceso civil». En su última oferta, la Justicia californiana ofrecía archivar el proceso por u$s 585 millones, según fuentes cercanas al caso. El riesgo, cada vez más inminente, de ir a un juicio, puede costar al Estado francés unos u$s 4.400 millones, según cálculos periodísticos.
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