El año que viene a la misma hora

Cuando a principios del año 2002 el nuevo gobierno de Eduardo Duhalde -que se hizo cargo del default declarado por el ex presidente Rodríguez Saá, que fuera aplaudido masivamente por la Asamblea Legislativa- comenzó la negociación de un acuerdo con el FMI, se esperaba que el mismo pudiera ser cerrado a fines de los meses de febrero o marzo de dicho año. Las exigencias del organismo multilateral de crédito consistían en ese entonces en: (I) un plan económico sustentable que considerara un control del déficit fiscal y federal, el acuerdo sobre reducción del gasto con las provincias, el rescate de las cuasi monedas y un programa monetario para mantener la inflación bajo control; (II) comenzar con avances tendientes a la reestructuración de la deuda pública; (III) construir una estrategia para el saneamiento del sistema financiero; (IV) restablecer la seguridad jurídica, restituyendo la vigencia de la Ley de Quiebras 24.522, mutilada por el gobierno, y garantizar que no existirían medidas compulsivas que limitaran el cumplimiento de los derechos de los acreedores. A cambio de ello, el FMI (I) reestructuraría la programación de los vencimientos de deuda inminente con el organismo; (II) efectivizaría desembolsos pendientes del blindaje concertado con el gobierno del ex presidente De la Rúa por cerca de u$s 2.000 millones para ayuda inmediata y (III) proporcionaría -al decir de Blejer- un desembolso adicional programado de cerca de u$s 15.500 millones para generar la reestructuración del sistema financiero y el relanzamiento de la economía.

El gobierno, no sin un conflictivo enfrentamiento interno entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, se puso «duro» y exigente en la negociación dilatando y no cediendo a las peticiones del organismo, con lo que el acuerdo se fue postergando en el tiempo. El mundo entero no alcanzaba a comprender esta locura argentina y así se lo hicieron saber al mismo Presidente en su visita a Europa los líderes de los países desarrollados, causándole una desagradable sorpresa.

• Miniacuerdo

Finalmente, luego de marchas y contramarchas, hace días se cerró un miniacuerdo provisional de transición «ad referéndum del directorio del ente» entre el FMI y el gobierno. Un año después de iniciado el proceso, el gobierno pretende exhibir ello como un «triunfo» de los negociadores y de la Argentina y lo proclama como una suerte de «reinserción» del país en el mundo.

En el camino pasaron dos ministros de Economía y tres presidentes del Banco Central, varias «misiones» de una y otra parte, y también algunos millones de argentinos que se sumergieron bajo la línea de pobreza acrecentando el número de indigentes, registrándose una caída brutal del producto bruto interno a niveles nunca imaginados en la historia del país.

• Pésimo negocio

Ahora bien... ¿qué es lo que se ha ganado con esta demora y con prolongar la negociación? En realidad nada; por el contrario, la pérdida de tiempo ha sido un pésimo negocio para el país. En efecto; las exigencias del FMI para cerrar el acuerdo provisional son las mismas que existían un año atrás, vinculadas: (I) al plan monetario y al equilibrio fiscal, (II) al problema de los déficit provinciales y las cuasi monedas, (III) a la seguridad jurídica, (IV) a los derechos de los acreedores, (V) al reclamo para avanzar seriamente en un plan de reestructuración de la deuda pública y de las tarifas de los servicios públicos.

Sin embargo, como contrapartida, lo único que recibiremos ahora a cambio de esas promesas serán eventuales desembolsos por u$s 2.900 millones (también eran entregas pendientes para De la Rúa por el blindaje, que irían a compensar el desembolso de reservas para pagos de deuda); y postergaciones de pagos por u$s 3.700 millones para el FMI y de u$s 7.000 para el Club de París; quizá también algunos desembolsos de u$s 4.400 por parte del BID y del Banco Mundial (¿cuotas que debemos o programas pendientes?). Lo «justo y necesario» para llegar a las elecciones presidenciales del mes de abril de 2003. Para colmo de males, ello tampoco arregla nada de fondo hoy pues este miniacuerdo deberá ser ratificado en gran parte por el directorio del FMI en abril de 2003, luego del informe de la misión que llegará en marzo de este año, en plena campaña electoral. No caben dudas de que hubiera sido mejor haber logrado el acuerdo con el FMI en el mes de marzo del año pasado, bajo las anteriores condiciones, y haber obtenido una ayuda mayor y más efectiva para el país en lugar de dilatar, como se hizo -demagógicamente-, este cierre, para terminar concediendo lo mismo que se había objetado, sin recibir a cambio siquiera una parte mínima de lo que antes nos habían ofrecido o pretendíamos obtener. También se hubiera evitado el enorme deterioro que se produjo en lo económico y social como consecuencia de no tener ninguna ayuda exterior, ni financiamiento para las actividades productivas.

Bastaría recordar que en ese mismo tiempo en que el presidente Duhalde y sus dos ministros de Economía (con la complicidad de un Parlamento demagógico) dilataban el acuerdo con el organismo internacional, Uruguay conseguía para su crisis (derivada en gran parte de la crisis argentina) apoyo financiero por más de u$s 3.500 millones y Brasil, asistencia por más de u$s 40.000 millones. Es verdad que es mejor haber arribado a un acuerdo con el FMI en la actualidad que continuar sin él; pero debemos darnos cuenta de que este miniacuerdo provisional de transición cerrado con el FMI -aunque necesario- es una aspirina que constituye una mera bomba de tiempo que el gobierno actual le deja al nuevo gobierno que asumirá el 25 de mayo de este año (si es que hay elecciones en abril), pues será el nuevo gobierno el que deberá hacerse cargo de las promesas formuladas, tomar las medidas estructurales de ajuste y asumir el cumplimiento de los pagos de los vencimientos que fueran postergados, en un contexto de país que aún no se conoce a ciencia cierta cuál será.

• Cita

Teniendo en cuenta que, si se cumple el cronograma electoral, (I) recién habrá nuevo gobierno a fines de mayo de 2003; (II) que el nuevo gobierno debe organizarse y definir su política económica y monetaria; (III) que debe negociarse con el FMI el acuerdo definitivo de reformas estructurales (punto específico contemplado en el acuerdo provisional), y (IV) que muchas de esas reformas requieren aprobación del Congreso, no resulta aventurado afirmar que podemos ir enviando un mensaje a Anne Krueger, haciéndole saber que: «... para firmar el acuerdo definitivo, si Dios quiere, nos vemos el año que viene a la misma hora...».

(*) Autor de la Ley de Quiebras.