El banco fue la víctima de la desaprensión de gobernadores

El Banco Provincia de Buenos Aires fue la víctima más visible, pero sólo una pieza de la terrible malversación de fondos públicos que hubo en la provincia de Buenos Aires durante el período de 10 años, desde 1991, gobernada por Eduardo Duhalde, y los dos de Carlos Ruckauf hasta comienzos de 2002, cuando renunció al cargo. Otra fuente de malversación fue el Fondo de Reparación Histórica (casi 2 millones de dólares por día, hábiles y no hábiles), que le cedía Nación en representación de todas las restantes 23 provincias al distrito bonaerense. Ese "fondo" tomó la aberrante decisión de poder adjudicar obras sin licitación, algo grave en todo sector público y más el tan propicio a los latrocinios como el Estado argentino por quienes ocupan cargos. Todo esto se sabía, pero tomó más relieve recientemente a raíz de la investigación e informe final que elaboró una comisión bicameral de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde queda en evidencia este desfalco provincial -el más grave en la historia argentina en una sola provincia- que llevó al territorio bonaerense a su destrucción y que, si no fuera parte del Estado, habría llevado a su extinción por quiebra. Sobre la base de ese informe legislativo iniciamos hoy una serie de notas sobre la provincia en ruinas que recibió el actual gobernador, Felipe Solá, en una epopeya por sacarla de terapia intensiva sin éxito dada la gravedad de la situación. Pensemos que Buenos Aires está en default por caso sólo en eurobonos por 2.200 millones.

Victorio Américo Gualtieri, el mayor deudor individual del Banco Provincia. Se benefició con la pesificación de su deuda de 117 millones de dólares; además tuvo la posibilidad de cancelarla con títulos públicos defaulteados a una paridad baja porque como deudor tiene nivel 4 (el peor es 6). Pese a estas oportunidades, no pagó. Creció haciendo obras públicas durante la gestión de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires.

Pregunta N° 10: ¿Usted trató personalmente con el empresario Victorio Américo Gualtieri sobre la asistencia a esta empresa?

Respuesta: Nunca tuve trato personal con el señor Victorio Américo Gualtieri.

Pregunta N° 11: ¿Recibió instrucciones desde el Poder Ejecutivo (provincial) para asistir crediticiamente a esa empresa? ¿De quiénes?

Respuesta: Nunca recibí instrucciones para asistir crediticiamente a esa empresa.

Pregunta N° 12: ¿Tenía instrucciones precisas desde la conducción del Ejecutivo provincial sobre acelerar el tratamiento crediticio a esta empresa, en vistas de inaugurar las obras ejecutadas?

Respuesta: No. El diálogo forma parte del extensísimo interrogatorio a que fue sometido -por escrito- el hoy diputado duhaldista Rodolfo Frigeri en relación con su actuación como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quienes preguntan son los miembros de la Comisión Bicameral Investigadora del Banco Provincia, que trataron de dilucidar el vaciamiento de esa entidad en que se incurrió durante las administraciones de los gobernadores Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.

Un escándalo que podría culminar en el procesamiento de ambos ex mandatarios provinciales. El actual gobernador Felipe Solá elevó a la Justicia las conclusiones de la comisión, que ahora, luego de concluida la feria judicial, deberá determinar si en los ilícitos denunciados tienen responsabilidad penal Duhalde y Ruckauf.

• Conclusiones

Si bien tanto el cuestionario como las conclusiones de esa comisión están viciadas del izquierdismo de quienes los firman (los legisladores del ARI y del Frente Grande Marcelo Di Pietro y Alejandro Mosquera), los datos que se desprenden de ambos documentos demostrarían a las claras varios puntos:

• la discrecionalidad con la que se movió el gobierno bonaerense en esos años en el manejo del banco;

• la utilización del Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano Bonaerense para favorecer a empresarios amigos (el más notable, pero no el único, el mencionado Gualtieri);

• el otorgamiento sin justificación contable ni patrimonial de créditos a empresas en condiciones altamente irregulares (el grupo que encabeza Santiago Soldati, los parques de diversiones ShowCenter del constructor Nicolás Maccarone, la concursada textil Gatic del polémico empresario nacional Eduardo Bakchellian, y hasta un crédito-aporte a la campaña del tucumano Julio Miranda para su reelección como gobernador de esa provincia).

Cabe recordar que, por ley provincial N° 12.726, se creó un Fideicomiso al que se le asignó toda la cartera activa incobrable, en mora y/o en problemas del Banco Provincia, que ascendía por entonces -el año pasado- a 1.850.106.411 pesos/dólares, y que incluye a 22.590 empresas. Ambas cifras son preocupantes e inaceptables porque parece poco creíble que un banco haya calificado a sus posibles deudores de manera tan poco profesional, eficiente u honesta como para tener a casi 23.000 de ellos en situación crediticia irregular.

Sin embargo, más insólito es el hecho de que el Estado provincial se haya hecho cargo de esas deudas, con el sólo propósito de evitar la quiebra del Provincia. Es que, al «socializar» esas deudas entre todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, se limpia el balance del banco de créditos incobrables y se evita, por caso, que quede con patrimonio neto negativo, lo que lo habría llevado inevitablemente a su quiebra, liquidación y desaparición, fruto del desmanejo en que se lo sumió en la última década.

En cambio, por imperio de esa maniobra «contable», hoy el balance del Banco Provincia se exhibe «limpio» de esos «clavos», cuyo recupero pasó a ser responsabilidad de un denominado «Comité Administrador del Fideicomiso» que, para sorpresa de nadie, es manejado por la misma gente que conduce el BAPRO, a los que se sumaron otros amigos políticos de Duhalde y Ruckauf. Cabe recordar también que todos los créditos que no recupere el fideicomiso, serán absorbidos por el Estado provincial, lo que implica que serán pagados por los contribuyentes bonaerenses.

• Desconocimiento

Frigeri desconoce o evita echar mano al dicho «no aclares que oscurece»: abundando en la respuesta a la pregunta sobre supuestas instrucciones llegadas desde La Plata para favorecer a Gualtieri, agrega: «Para el caso puntual a que alude esta pregunta (la N° 11), se ha dicho que se trata de una operación transgresora del reglamento. Por otra parte, según se desprende de las actuaciones sumariales, las últimas erogaciones destinadas a esta empresa no fueron informadas a ninguna superioridad; todas las comprobaciones son coincidentes en este sentido. Pero en muchos bancos se han producido hechos de esta naturaleza que son tratados muy prolijamente para no evidenciar que es tan fácil realizarlos».

Lo que dice Frigeri es que la responsabilidad de haber otorgado créditos «truchos» a la constructora Gualtieri no es de Duhalde, Ruckauf o suya sino simplemente de un funcionario de segunda línea que decidió beneficiar por las suyas al principal constructor de los planes de obras provinciales. Poco verosímil, desde ya. Además sería terrible que un simple funcionario, por «las suyas» tuviera poder para otorgar los créditos de tantos millones de dólares. Si fue un funcionario era de altísimo nivel y no del Banco Provincia sino del gobierno porque al mismo Gualtieri, sin solvencia y ya fuera del Banco Provincia, lo beneficiaron con licitaciones igualmente favorecidas para obras en toda la provincia. Como surge no sólo el Banco Provincia fue víctima de la depredación sino toda la provincia de Buenos Aires durante ese período.

¿A cuánto ascienden los préstamos otorgados a Gualtieri y que permanecen impagos a la fecha? Según el informe de la bicameral, nada menos que a u$s 117.678.349. Esa misma cifra fue transferida al mencionado fideicomiso, por lo que la incobrabilidad de las empresas de Victorio Gualtieri se «socializó» entre todos los habitantes de la provincia.

• Un ascenso imprevisible

¿Cómo llegó Victorio Gualtieri a estar donde estuvo?

El ascenso de Gualtieri se produjo de manera meteórica: pasó de ser un modesto constructor de la ciudad de Dolores a convertirse en el principal adjudicatario de las obras encaradas por el Fondo de Recuperación del Conurbano. Según recuerda la comisión bicameral, «la ley provincial 11.746 creó la Unidad Ejecutora del Fondo del Conurbano para llevar adelante planes sociales, bajo la dependencia del gobernador. El primer director fue Julio Carpinetti, separado del cargo con numerosas denuncias por manejo fraudulento de los fondos de la entidad. Fue reemplazado por Antonio Arcuri». Cabe recordar que Carpinetti fue intendente de Florencio Varela, donde también fue duramente cuestionado en su momento.

Arcuri, lejos de haber sido radiado de la función pública por los escandalosos manejos que caracterizaron al «Fondo», se desempeña actualmente como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, lugar desde el cual se da el visto bueno final a todo decreto y proyecto de ley que se eleva a la firma del Presidente.

«Para el funcionamiento del ente se habilitó un régimen especial, no siendo necesario el llamado a licitación pública para ofertar las distintas obras. La asistencia financiera a las empresas contratistas se realizaba mediante el descuento de certificados de obra, pero el Banco Provincia contribuyó a facilitar el financiamiento de la obra pública encarada por la provincia con un tratamiento más blando que los referidos a las operaciones de crédito corriente», sigue el terminante informe sobre el destrozo económico financiero de la provincia de Buenos Aires en los períodos Duhalde y Ruckauf hasta que éste renunció y se la entregó prácticamente quebrada al actual gobernador Felipe Solá.

La constructora presidida por Victorio Américo Gualtieri inició sus actividades en 1989, «pero su despegue es posterior al Fondo del Conurbano Bonaerense y coincidente con la llegada al gobierno provincial de Eduardo Duhalde y de funcionarios como Hugo Toledo, que dirigió el estratégico Ministerio de Obras Públicas», agrega el informe de la bicameral.

La constructora se constituye en 1989; posteriormente crearon las empresas subsidiarias Deltagro SA, Savinor SA y Sabavisa SA, todas ellas también acreedoras en mora del Provincia.

Sólo en la casa matriz de La Plata se le concedieron al «holding» Gualtieri préstamos por u$s 20.770.657 entre octubre de 1997 y diciembre de 1999. Entre las objeciones que hizo a dichos créditos la Auditoría Integral de la Cartera de Créditos de esa casa matriz, se cuentan las siguientes:

• Se otorgó un crédito por u$s 1,9 millón contra garantía prendaria constituida sobre 26 grupos electrógenos. No hay constancias de que se hayan iniciado acciones de secuestro y o remate de los mismos ante el incumplimiento de los pagos.

• Otro por u$s 6 millones, con «garantía prendaria y/o hipotecaria en primer grado», pero no hay constancia de hipoteca o prenda alguna.

• Préstamo por u$s 2,8 millones. No se inició ninguna gestión de cobro aún cuando no se liquidó ni una cuota.

• Préstamo por u$s 7,2 millones, con caución de doce títulos de crédito por u$s 600.000 cada uno librados por Autopista Morón SA; ninguno de esos documentos fue abonado a su vencimiento, y el primero no fue protestado. Pero eso no es todo: cuando se intentó protestar los subsiguientes, se comprobó que la empresa libradora no existía en el domicilio de cobro declarado. Además, no se informó de ese hecho ni se hicieron gestiones ni denuncia alguna.

Estos son apenas botones de muestra de una catarata de denuncias y pruebas presentadas tanto ante la Justicia como ante la comisión bicameral. En próximas notas continuaremos exponiendo este escándalo político-bancario.