El campo complicó al gobierno en Congreso

El debate por la ratificación de todos los decretos de necesidad y urgencia que Néstor Kirchner firmó en el final de su mandato, le sirvió a la oposición para mantener en el recinto la pelea por la crisis en el campo que terminó también en una discusión sobre las facultades que posee el Poder Ejecutivo para disponer sobre los excedentes de recaudación. Dos temas tuvo ayer Diputados como cuestiones centrales: la ratificación de esos DNU y la sanción de la ley contra la trata de personas.

El kirchnerismo venía postergando desde hace un mes la votación de los últimos DNU que quedaban pendientes de la administración de Néstor Kirchner. En un rally nunca visto, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -primero bajo la batuta de Jorge Capitanich y ahora de Diana Conti- se había dictaminado a favor de la ratificación de todos los decretos presidenciales, incluido uno que dispuso una redistribución de recursos presupuestarios por $ 20.000 millones en 2007.

Así Kirchner tendrá lo que ningún otro presidente consiguió: a cuatro meses de haber dejado el poder ninguna de sus decisiones podrá ser cuestionada ya que todas tienen ahora fuerza de ley.

Todo eso fue gracias a su esposa, entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en 2006 reglamentó el precepto constitucional que dispuso en 1994 la creación de una Bicameral que controlara el uso de esos decretos de excepción, los vetos y toda delegación legislativa. El procedimiento que se estableció en ese momento le permitió a Kirchner moverse con la tranquilidad de que mientras mantuviera mayoría en las cámaras ninguno de sus decretos pudiera ser derogado o perdiera vigencia.

De esos decretos sin duda los mas criticados fueron los que dispusieron la asignación de los excedentes de recaudación que tuvo Kirchner durantetodo su gobierno gracias a la política de subestimar el crecimiento de la economía y los ingresos previstos en el Presupuesto Nacional.

Hoja de ruta

«En el año 2006 este Congreso aprobó una hoja de ruta que mandó el Poder Ejecutivo donde decía cuál era su plan de gobierno para 2007. Consecuentemente, la ley impositiva decía cómo se iban a usar los recursos del Estado para financiar ese Presupuesto», arrancó ayer el radical cordobés Oscar Aguad. «Pero resulta que por alguna cuestión el gobierno recaudó mucho más de lo que previó para 2007. Y si les sobró la plata de los gastos que decía que quería financiar, el PEN tiene solamente dos vías: o les devuelve la plata a los contribuyentes porque le sobró y resultó excesiva la exacción o pide autorización al Congreso para afectar esos recursos en otros gastos. Pero esto es lo que soslayó el Poder Ejecutivo. No pidió la autorización del Congreso para efectuar los gastos», dijo.

Aguad advirtió que esa metodología, que en realidad comenzó con Roberto Lavagna cuando ocupó el Ministerio de Economía, va a continuar este año «porque se ha subestimado la recaudación».

Tras la protesta aparecieron en el recinto una decena de pedidos de informe sobre la marcha de las negociaciones entre el gobierno y los productores agropecuarios, las medidas que se tomarán y hasta la actitud que tomó Martín Lousteau en el proceso, mas allá de sumar el ministro dos pedidos de interpelación en el Congreso que el kirchnerismo no aceptó. El oficialismo impuso su mayoría y todas las exigencias pasaron a comisión pero no fueron tratadas.