Sólo una gestión política «sui generis» de ciertos países del Grupo de los 7 le ha dado a nuestro país una última oportunidad de evitar el default con el FMI. Ahora bien, el organismo ha exigido a la Argentina hacer el pago del próximo vencimiento antes de acordar la refinanciación de los pagos que vencen de aquí hasta mediados de año y sin garantías expresas de que habrá acuerdo (nunca el Fondo otorga este tipo de «seguridades» tal como ha ocurrido en otros casos anteriores donde surgió este mismo punto). Si la Argentina no paga, directamente podría no haber acuerdo ya que si bien el Grupo de los 7 ha accedido a evitar el default de nuestro país, tanto los países que integran dicha alianza como los funcionarios del staff del FMI no quieren verse extorsionados por los países incumplidores y enviar una señal muy peligrosa al resto de los países deudores del organismo, además de no compartir la intención de acordar con el gobierno peronista.
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Es bueno conocer cuál es el marco regulatorio del FMI sobre el eventual caso que no haya acuerdo o que de haberlo, éste caiga más adelante, ya sea en el marco de este gobierno o en el del próximo. En este último sentido, es necesario señalar que la próxima elección presidencial tendrá un gran impacto sobre la relación de la Argentina con el FMI. Ciertos candidatos como Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió asegurarían el «no acuerdo» ya que serían virtualmente incapaces de poder llevar adelante las reformas estructurales pendientes que ya ha exigido el Fondo en su último comunicado (equilibrio fiscal, apertura comercial, reestructuración del sistema bancario y levantamiento del default con los acreedores privados). Néstor Kirchner se ubica muy cerca de los anteriores si sigue la línea del actual gobierno. En cambio, Ricardo López Murphy tiene las mayores posibilidades de poder acceder a un apoyo internacional masivo por su orientación claramente capitalista en línea con los países más desarrollados del mundo, que controlan el FMI. Carlos Menem sería otro candidato con buenas chances de lograr un acuerdo, aunque debería apreciarse cómo combinaría el bajo nivel de reservas con su propuesta de dolarización.
La consecuencia inmediata del default con el FMI es que se suspende el derecho del país de recibir nuevas ayudas bajo los programas acordados y se inhabilita al país incumplidor a negociar nuevos acuerdos financieros, en ambos casos hasta que se pague el total de lo adeudado. Posteriormente, se van aplicando otras sanciones como la declaración formal de inegibilidad para nuevas ayudas, la suspensión de los derechos de voto y la propia expulsión del organismo. Las autoridades del FMI y la mayoría de los países desarrollados (controlantes del organismo) tienen establecido como estrategia que la aplicación de las sanciones depende, en cierta medida, de las circunstancias particulares de cada crisis y de la predisposición y poder de las autoridades del país en default para salir de esta situación mediante el pago total de lo adeudado.
Dicen los reglamentos del Fondo: «Desde fines de 1980 y principios de los noventa, el FMI fortaleció sus procedimientos aplicables a los casos de obligaciones vencidas mediante distintas medidas (que no incluyen financiamiento hasta que no se pague el total de lo adeudado), incluyendo la implementación de programas auditados por el FMI, el monitoreo informal por parte del staff del organismo y el «esquema de derechos» para ayudar a los países miembros a desarrollar nuevos antecedentes (track record) de cumplimientos de metas y a cancelar las sumas adeudadas para levantar la mora.» Mediante el «esquema de derechos» el país y el organismo pueden empezar a implementar programas de políticas mutuamente acordadas a los fines de ir acreditando el buen comportamiento del deudor a los fines de empezar a recorrer, poco a poco, el camino de vuelta hacia la normalización, la cual, no obstante, no se empezará a dar hasta que el país pague el total de lo adeudado.
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