El gobierno planea ahora un impuesto a renta financiera

El gobierno, para cuando finalice la pelea con el campo (en teoría después de la aprobación de las retenciones móviles en el Poder Legislativo), tiene proyectado el lanzamiento de otra medida impositiva polémica: la eliminación de las exenciones de Ganancias a la renta financiera. La intención es plantear este nuevo tributo, por el que se podrían recaudar no menos de $ 6.000 millones anuales, como embestida contra el sistema financiero en el próximo capítulo en «la batalla por la redistribución del ingreso en la Argentina» tal como se la menciona. Hasta ahora, y más allá de algunos amagues al comienzo del gobierno de la Alianza y en los últimos meses de Eduardo Duhalde nunca se planteó seriamente la posibilidad de avanzar en este tributo.

El anuncio lo hizo ayer Alberto Fernández, que aseguró que dentro de los planes inmediatos en carpeta figura este gravamen al único sector que no paga. El argumento oficial fue que «hay cosas puntuales que sí deberíamos trabajar. Por ejemplo, todo el tema de la renta financiera», asegurando además que se trata de un pedido de las entidades del campo en medio del conflicto.

Puntualmente, el gobierno piensa eliminar dos incisos de la ley del Impuesto a las Ganancias vigente; el «H» y el «W». En el primer caso, la actual legislación menciona que no tienen que pagar el tributo «los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras: caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo, los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público conforme lo determine el Banco Central». La eliminación de este artículo, implicaría que se debería pagarle a la AFIP, luego de percibir intereses.La decisión, como mínimo implicaría una reducción sustancial de la renta que reciben ahorristas por colocar fondos en las entidades financieras, lo que determinaría un encarecimiento inevitable en las tasas de interés.

Exención

Por su parte, el inciso «w», que también podría ser eliminado, habla de la exención para el pago de Ganancias en el caso de «los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas». En este caso, la exención es doble. Por un lado, la renta que se registre por la tenencia de acciones, títulos públicos u otro tipo de papel que coticen abiertamente en algún mercado de capital debería tributar ganancias. Pero además, tambiénpodrían estar incluidas las operaciones de venta de acciones de empresas de cotización cerrada o de cualquier bien de capital. En ambos casos, según la ley de Ganancias, se trata de renta financiera y si el proyecto que el Ejecutivo envíe al Congreso no lo aclara, en todos estos casos debería comenzar a tributar.

Además, si no especifican montos, el alcance del tributo será el mismo que rige para el resto de los sectores económicos, autónomos y trabajadores en relación de dependencia, y que tiene un tope de 35% según el caso.

El argumento oficial es que sobre las operaciones del sistema bancario, los movimientos y las ventas de bienes de capital son los únicos donde no se paga Ganancias; lo que sería además, un privilegio ante la industria, el agro y el comercio. La salida oficial no sería reducir la presión impositiva en estos tres casos, sino extenderla al sistema financiero.

Pero, por otro lado, las operaciones del público dentro de los bancos y compañías financieras ya tienen su propio y único tributo: el impuesto al cheque, creado para ser aplicado «por única vez» por Domingo Cavallo en noviembre de 2001. Por esta vía, el gobierno recauda actualmente $ 1.600 millones mensuales; de los cuales 70% queda en las arcas del Ejecutivo con libre disponibilidad. Habrá que ver si la intención oficial es aplicar Ganancias a cambio de eliminar este impuesto, o si habrá mayor presión dentro del sistema financiero.

El proyecto estaría listo para julio, y a comienzos del segundo semestre sería enviado al Congreso. Debería ingresar por el Senado, y si los cálculos oficiales son correctos, para el ejercicio 2009 ya se le podría aplicar. En este caso, inevitablemente, se trata de un tributo que el Ejecutivo deberá compartir con las provincias.