El paro de la CGT por una desregulación de las obras sociales casi muerta

El gobierno de Fernando de la Rúa soportará el viernes la primera huelga importante, provocada por la desregulación a las obras sociales que amenaza a los sindicatos. Sin embargo, es posible que no se llegue a esa desregulación por razones diversas al paro: las deficiencias del decreto que dispuso la libertad de afiliación a partir de enero y la falta de vocación del sector privado por competir con reglas de juego poco claras y de alto riesgo futuro.

Todo el gabinete del Presidente está obligado, por las circunstancias de esta semana, a mostrar los dientes frente al sindicalismo que, unificado en la acción, lo enfrentará el viernes a la primera huelga importante. Sin embargo, no todos son sinceros al expresar esa agresividad. Los ministros están separados por bandos y cada bando propone una estrategia distinta, nunca desinteresada, a los oídos del Presidente.

El paro de Hugo Moyano y su combativo Movimiento de los Trabajadores Argentinos no puede llamar a sorpresa. El camionero lleva adelante una política de confrontación aún corriendo el riesgo de desgastar esa táctica de tanto aplicarla. En cambio, lo que ensombrece la mirada de los funcionarios de la Alianza es la conducta de los «gordos» de la CGT dialoguista. De ellos De la Rúa y los suyos esperaban otra conducta, un poco más de mansedumbre.

Sin embargo, Rodolfo Daer y el resto de la conducción de esa central desconectaron el teléfono hace varios días, como habrá notado Patricia Bullrich cada vez que intentó un contacto conciliador. La ministra de Trabajo, en su afán por evitar el choque, había llegado a proponer un debate público en el Comité Central Confederal en el que se decidió la huelga, el jueves pasado. Armando Cavalieri la disuadió: «Ya sabemos, Cali, que sos una chica de acción y que De la Rúa te premió por eso, pero no te expongas tanto; la cosa no es con vos, a vos te queremos, ¿o te creés Cali que no nos acordamos de las skippy y de los shorcitos?». Memorioso, casi Gerchunoff, a quienes tienen en la mira por no querer negociar la desregulación de las obras sociales, dispuesta por el decreto N°446 para el 1° de enero próximo.

Tampoco cae grata a estos jerarcas de la CGT la mención del ministro de Salud Héctor Lombardo ni de Rubén Cano, superintendente del Sistema de Salud, quienes mantuvieron negociaciones durante meses para dar de baja esa norma, sin advertir nunca que ellos no tenían capacidad para decidir. Es cierto que tanto Lombardo como Cano tienen una postura adversa a la de Machinea: quieren, el lunes mismo, sentarse a negociar sobre las brasas del paro para moderar la desregulación y evitar la marcha sobre Plaza de Mayo con que ya están amenazando los sindicatos.

Sin embargo entre los funcionarios el que más preocupado se muestra es Chrystian Colombo. El jefe de Gabinete está al tanto del verdadero problema de la desregulación. Ese inconveniente no está en los gremios sino en el decreto mismo, que presenta errores graves como para que alguien invierta en el sector. En el país existen ya cuatro o cinco grandes compañías, con experiencia internacional en seguros de salud, todas ligadas a bancos o a entidades con poder de financiación a gran escala. Ninguna de ellas tiene pensado presentarse a partir del 1° de enero para competir con las obras sociales. La negativa se basa en las deficiencias de aquella norma.

El primer reproche que le realizan es que pretenda una cápita de $ 20 como promedio: para las prestadoras privadas se trata de un valor insuficiente y, para el Estado, casi un imposible (hoy aparecen dificultades para garantizar $ 40 por grupo familiar). La segunda objeción tiene que ver con el programa médico obligatorio, que es muy exigente e impide la diversificación de prestaciones. En otras palabras: quien quiera un programa más sofisticado y costoso recibirá prácticamente lo mismo que quien acceda a los servicios mínimos, ya de por sí muy amplios. Pero la inquietud mayor que aparece en el sector empresario tiene que ver con el pago de los servicios, que está ligado a la recaudación de los aportes patronales y de empleados. Ya se advierte temor sobre la posibilidad de que, así como el Tesoro ha comenzado a deber a las obras sociales sindicales, también les deba a las empresas privadas por el nivel de evasión que se verifica en el sistema.

Regodeo

Los sindicalistas, que conocen a la perfección el negocio que administran desde hace décadas, no necesitan hablar con los empresarios privados de salud para conocer estos reparos. Pero, como además, hablan con ellos, están convencidos de que el lanzamiento de la desregulación oficial será un fracaso por razones técnicas que el decreto no contempló en su momento. Se regodean, además, en que quien firmó la norma fue Carlos Chacho Alvarez en uno de sus interinatos como Presidente.

Por eso la estrategia de la CGT oficial frente a la desregulación es doble. Por un lado, la enfrenta plegándose a la huelga de Moyano. Por otro, la alienta en voz baja: los «gordos» están seguros de que será un fracaso y que, gracias a eso, tendrán la posibilidad de exhibirse como sufridos «dirigentes sociales» que se hacen cargo de prestar salud allí donde el mercado no quiere hacerlo.

Colombo, quien advirtió el problema y teme caer en la trampa de una desregulación que, por apresurada, termine arruinando la idea en sí misma, dio orden de elaborar otro decreto que corrija el N°446. Ante esta alternativa, vuelven a abrirse las aguas entre quienes desean -como Lombardo y Cano-negociar las modificaciones con los sindicatos y quienes -Machinea, Gerchunoff-enfrentar al gremialismo y abrir definitivamente el sistema de salud a la competencia.