El Senado convirtió ayer en ley Emergencia Económica

El Senado convirtió ayer en ley la prórroga de la declaración de Emergencia Económica en la Argentina hasta el 31 de diciembre de 2004 y que mantiene todas las facultades que el Congreso le otorgó a Eduardo Duhalde en enero de 2002 para modificar por decreto cualquier aspecto de la política económica, administrativa, financiera y hasta reformular el sistema cambiario. Esa norma fue la que estableció, entre otras disposiciones, la salida del régimen de convertibilidad y el inicio de la pesificación de deudas y depósitos, además de la larga lista de poderes especiales que se le dieron al Presidente.

Tras un breve debate, liderado por Jorge Capitanich, los senadores convirtieron en ley un proyecto que había tenido un comienzo polémico en Diputados con el apoyo del oficialismo y el rechazo de radicales y provinciales.

• Herramienta

Capitanich reivindicó «el proceso de recuperación económica del país» y explicó que la emergencia económica es una herramienta que «el gobierno necesita» para terminar de superar la crisis. Enfrente, el radical mendocino Raúl Baglini, explicó: «La emergencia debería ser por un tiempo más acotado. Nunca nos opusimos a la votación de las emergencias económicas, desde el año 1989; pero nos sorprende que se trate con tanta celeridad. En el año 2000, la emergencia enviada por el gobierno de la Alianza demoró nueve meses en el Congreso por la resistencia inicial del bloque peronista», se quejó.

La primera noticia que habían tenido los diputados sobre las intenciones del Ejecutivo de prorrogar la emergencia llegó en la forma de un borrador que recibieron José María Díaz Bancalari, Darío Alessandro y Horacio Pernasetti. Allí, aunque luego lo desmintiera el gobierno, se avanzaba incluso en nuevas formas de indexación de contratos.

Finalmente el proyecto oficial contempló, además, un sistema de actualización que tendrán los préstamos contraídos previos a la devaluación por afuera del circuito financiero, similar al que aplican los bancos sobre sus créditos a cobrar.

Así se establece que en las obligaciones de dinero existentes al 6 de enero concertadas fuera del sistema financiero, haya o no mora, serán pesificadas uno a uno y se aplicará la normativa vigente en cuanto al CER o el CVS, o el mecanismo de ajuste que en su futuro los reemplace.

El proyecto estipula que si una de las partes considera que con este ajuste el valor es inferior al que corresponde, podrá pedir un reajuste equitativo del precio, con excepción de las personas que se encuentran en mora.

Sobre este punto, la ley establece el procedimiento mediante el cual habrá de resol-verse los efectos que eventual-mente surjan de la aplicación de tales métodos de actualización, reafirmando la plena vigencia del principio del esfuerzo compartido.

En caso de situaciones ya resueltas entre las partes o por disposiciones emanadas de sentencias judiciales, se establece claramente que no se alterarán las mismas por la aplicación de la modificación propiciada.

Por otro lado, el proyecto no incorporó la situación de la renegociación de tarifas, dado que este tema formó parte de una ley especial donde se otorgaron facultades al gobierno para renegociar los contratos con empresas de servicios públicos, que el Congreso podrá aprobar o rechazar.

Como una curiosidad, la nueva ley elimina el segundo párrafo del artículo 6 de la anterior norma de emergencia, que precisamente fue la que dispuso la pesificación de las deudas contraídas con el sistema financiero por préstamos hipotecarios, prendarios y personales. Se explica esta medida en las sucesivas normas dicta-das tras la sanción de la emergencia económica que ratificaron esa pesificación y que terminaron colisionando entre sí como, por ejemplo, en el límite máximo que imponía la Ley de Emergencia original a la conversión a pesos en los préstamos.