Las cuentas bancarias de las embajadas argentinas en Bruselas y en La Haya podrían ser embargadas en los próximos días debido a una deuda que el gobierno mantiene con el estudio jurídico holandés que contrató para enfrentar a la multinacional Monsanto por el reclamo de las patentes de soja.
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Las internas palaciegas en la Secretaría de Agricultura, que hasta un año afectaron las tareas de esa área de gobierno y el enfrentamiento entre el actual secretario, Javier María de Urquiza, y su antecesor, Miguel Santiago Campos, serían el motor que pone en peligro también el reclamo de la Argentina por el tema de las papeleras que se lleva a cabo en tribunales de La Haya.
El ex secretario Miguel Campos contrató un estudio jurídico en Holanda en 2005 a fin de intervenir como tercera parte interesada en el juicio que había iniciado Monsanto contra un importador holandés-(Cefetra) por el ingreso de harina de soja argentina en presunta infracción de patentes. Monsanto reclama en este juicio un daño superior a los 20 millones de euros.
La Argentina realizó, vía un estudio jurídico que ahora reclama honorarios, varias presentaciones que apoyaron la posición del importador, alegando que el pedido de Monsanto es «inapropiado porque el producto no tiene patentes en la Argentina y además no cumple el gen RR la función tecnológica en la harina de soja». De hecho, un juez en primera instancia en España otorgó la razón al gobierno argentino y a la empresa Dreyfus contra Monsanto.
Sin embargo, la situación con el estudio holandés empezó a deteriorarse a partir del mes de febrero cuando hubo cambios en la Secretaría de Agricultura. Fuentes privadas reconocen que el entonces nuevo secretario De Urquiza no autorizó más pagos de honorarios alegando una « supuesta contratación poco clara por parte de Miguel Campos y de la Procuración General de la Nación».
Intimaciones
Por estos días la situación se ha agravado dado que el estudio holandés está intimando a la Secretaría de Agricultura y a su oficina en Bruselas, a proceder al pago de toda la deuda, que acumula 150 mil euros. Si Agricultura no paga en las próximas horas, la Justicia holandesa decidirá de manera expeditiva el embargo de las cuentas de la Agregaduría Agrícola y las embajadas en Bruselas, conducida por Jorge Remes Lenicov y en La Haya, la cual está siguiendo todo el caso de las papeleras, situación que también podría peligrar.
«Si no se paga, la SAGPyA y en última instancia el gobierno argentino tendrían que afrontar los gastos de honorarios de los abogados por el caso ante Monsanto y además los derivados de honorarios judiciales más los gastos de ese proceso judicial lo que podría aumentar la deuda total», reconocían ayer especialistas.
A los productores que recibieron intimaciones por el cobro de las patentes y que siguen la evolución de estas causas en Europa les inquieta que la Argentina no estaría más presente en el juicio en Holanda, donde debería realizarse una audiencia oral a fin de mes entre Monsanto y el gobierno argentino. Si se embargan los fondos del gobierno destinados a las embajadas y agregadurías no habría participación argentina en esa instancia.
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