Empiezan a autorizar subas de tarifas a las privatizadas

José L. Rodríguez Zapatero

Por el Decreto 296, el gobierno ratificó el acuerdo de renegociación contractual con Autopistas del Sol, concesionaria del Acceso Norte, que prevé un aumento de 15% en los peajes. Ahora falta que el organismo regulador (OCOVI) reglamente la fecha en que la suba será puesta en vigencia.

La decisión creó expectativas en el sector empresario, donde se temía que la preocupación oficial por la inflación siguiera retrasando los ajustes ya pautados en tarifas. Se estima que en las próximas semanas el gobierno irá aprobando los acuerdos con otras empresas privatizadas que ya cumplieron todos los pasos legales, incluyendo la aprobación expresa o tácita de los incrementos por parte del Congreso.

Un dato relevante es las empresas que están en la lista, esperando el visto bueno del Ejecutivo, son, en su mayoría, de capitales españoles. Corresponden a los avances que hubo en la primera mitad de 2005 con las compañías de ese origen, tras la mediación ejercida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

• Repercusión

Continuar demorando esos acuerdos repercutiría en la relación bilateral y también podría terminar siendo reprochado por las compañías hispanas a su presidente. Esto explica también que durante la visita del canciller Miguel Angel Moratinos en febrero se haya acelerado el preacuerdo con Telefónica, postergado desde julio, cuando se lo anunció en Madrid.

La lista de privatizadas que esperan que les autoricen los ajustes de tarifas incluye a:

• Ausol SA (que ahora cuenta con el decreto y necesita todavía autorización del ente regulador), operadora del Acceso Norte, controlada por la española Abertis con 31,69% de las acciones.

• AEC SA, operadora de la autopista Ezeiza-Cañuelas y controlada por el grupo OHL, una de las mayores empresas constructoras de España.

• GCO SA, que explota el Acceso Oeste y pertenece en 48,6 por ciento a Acesa de España, que, a su vez, es en 100 por ciento propiedad de la ya mencionada Abertis.

• Coviares SA concesionaria de Autopista Buenos Aires-La Plata, que estaría conformada sólo por constructoras locales.

• Gas Natural BAN, la distribuidora de gas de la zona norte del conurbano bonaerense, cuya mayoría pertenece a la española del mismo nombre, y que ya tiene preacordadas alzas para industrias y comercios.

• Edesur, distribuidora eléctrica en parte de Capital y distritos del sur del GBA, que está controlada por la española Endesa.

• Edenor que distribuye electricidad en norte de Capital y conurbano, y ahora está operada por grupo local Dolphin.

Autopistas del Sol era la más retrasada. Su trámite por el Congreso culminó en julio pasado, cuando transcurrieron los 60 días previstos por ley para que las dos cámaras se expidan, y en caso contrario, los acuerdos firmados por la unidad de renegociación quedan tácitamente aprobados (sanción ficta).

La demora fue tan prolongada que la empresa debió volver a firmar en diciembre pasado un acta con los ministros Julio De Vido y Felisa Miceli. En los considerandos del decreto se asegura que el primer acuerdo no fue ratificado por el Ejecutivo debido al cambio en el Ministerio de Economía. Pero la razón sería otra: como la primera acta fue firmada en diciembre de 2004, hubiera correspondido compensar a Ausol por los ingresos no percibidos (como ya pasó con Edelap).

• Norma objetable

Llamativamente, todavía podría surgir un nuevo obstáculo. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo que recurrirá a la Justicia para cuestionar la legalidad del Decreto 296.

En su opinión, la norma es objetable porque la sanción ficta por parte del Congreso es inconstitucional y porque los aumentos de tarifas no reconocen el impacto económico del crecimientodel tráfico.

Hasta ahora, desde la devaluación y el congelamiento de tarifas sólo se autorizaron y aplicaron subas en gas en boca de pozo (cobran las petroleras) y en electricidad mayorista (cobran las generadoras). La primera privatizada que consiguió ajustes fue Edelap, que resultó beneficiada por haber sido la primera en aceptar los límites impuestos por el gobierno. La siguieron recientemente Transener y Distrocuyo. En ningún caso, los aumentos llegaron a los hogares.