Empresa no rentable: tendrá fuerte pérdida sin subir las tarifas

La rescisión del contrato de Aguas Argentinas y la reestatización del servicio significa en primer lugar que el Estado nacional asume el riesgo de perder el litigio que Suez y los demás accionistas internacionales tienen iniciado en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

No es un problema menor porque la demanda es por u$s 1.700 millones debido a la pesificación y congelamiento de las tarifas, y tal vez pueda ampliarse por la rescisión anticipada del contrato que se produjo ahora. En caso de un fallo adverso, el monto indemnizatorio no será fácil de eludir, considerando la presión de EE.UU. y países europeos para mantener los mecanismos de protección de sus inversiones en las naciones en desarrollo.

Puede decirse que tras la asunción del actual gobierno, se daba como un hecho la rescisión del contrato de Aguas Argentinas, por incumplimientos y sucesivas modificaciones del contrato. La relación, sin embargo, se encauzó relativamente en 2004, cuando, presumiblemente, el gobierno debía responder con alguna señal al apoyo de Francia en el Fondo Monetario.

Después, ya en 2005 todo volvió a complicarse, cuando el ex ministro Roberto Lavagna anticipó en París, en plena gira presidencial, que habría dos subas de tarifas de 16% a 20% cada una para Aguas Argentinas.

Fue desmentido a las horas todavía en territorio francés, y de ahí en más predominó el desencuentro, alimentado por la mala predisposición de ambas partes, y la falta de una empatía con el gobierno de Jacques Chirac que facilitara las cosas, lo que en cambio se logró con la administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

• Eurnekian

Después apareció la sociedad de los fondos Fintech y Latin Assetments que se retiraron de las tratativas cuando el gobierno descartó un aumento inminente en las tarifas. Por último, impulsado por el Banco Galicia, que ya es accionista de Aguas, en el último mes, el empresario Eduardo Eurnekian tuvo dos encuentros con Suez sin haber podido llegar a un acuerdo sobre el precio requerido por los franceses.

Por otra parte, la experiencia del Correo Argentino y del Ferrocarril San Martín demuestran que al gobierno de Kirchner, las reestatizaciones no le disgustan, aunque por ahora midió los costos y beneficios de eventuales decisiones de esa naturaleza.

Hay algunas constancias de que el gobierno no quería hacerse cargo de Aguas. Pueden haber sido una pantalla para llegar a la reestatización, pero parece demasiada actuación. Por lo menos se dejó trascender desde el más alto nivel político que Kirchner pidió infructuosamente la intervención de Zapatero para que Aguas de Barcelona, que ya es accionista de Aguas Argentinas, se quedara al frente de la concesión, o lo hiciera otra empresa española.

Pero el proyecto tenía pocas posibilidades: el servicio de agua es complejo y delicado en tanto refiere a la salud de la población, y además cuanto más se quiere extender la prestación, la tarifa que se puede cobrar no alcanza para cubrir la inversión y se necesita el aporte del Estado.

Podría haber habido una empresa privada con subsidios específicos, como en el caso de los trenes urbanos. Pero posiblemente demandaba un costo político más alto que el de la reestatización, para un gobierno que mide las repercusiones antes de actuar.

Queda por último la cuestión de los nitratos que fue la causa más directa de la rescisión. La empresa avisó en enero a usuarios del sur del conurbano que no era recomendable que el agua que suministraba fuera bebida por embarazadas y lactantes.

El organismo regulador la obligó a llevar agua potable a esas poblaciones, pero se disparó una situación en apariencia inesperada. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dictó una resolución, aparecida en el Boletín Oficial del 3 de marzo, recomendando al gobierno que obligara a Aguas Argentinas a suministrar agua potable.

La empresa adujo que no está prohibido que el agua contenga nitratos, pero la presentación de Mondino que terminó en la Justicia la semana pasada, se fundamentó en que el consumo de ese elemento es particularmente peligroso para los niños menores de seis meses, quienes por esa razón pueden adquirir una enfermedad llamada metahemoglominemia.

Hay quienes dicen que todo estuvo discretamente orquestado. Otros suponen que tras la presentación de Mondino en la Justicia, el gobierno podía quedar comprometido si se producían casos de esa enfermedad, y más si alguno resultaba mortal.

De cualquiera de las dos maneras que haya sido, en la administración Kirchner se piensa que la presentación en la Justicia local, puede ser un antecedente favorable en el CIADI, y a esa estrategia se terminaron poniendo todas las fichas.