Empresarios, más preocupados todavía por legislación laboral

Héctor Recalde

Una ríspida reunión fue la que mantuvieron ayer abogados y técnicos de las principales entidades empresariales del país con asesores de diputados que conforman la Comisión de Legislación del Trabajo. Los primeros aprovecharon la ocasión para plantear en ese ámbito parlamentario lo que habitualmente no le dicen al Ejecutivo. Pero de todos modos se retiraron del Congreso con la semicerteza de que están en problemas. La comisión que preside el abogado y asesor de la CGT Héctor Recalde pareció poco menos que impermeable a las demandas y sugerencias de sus visitantes.

La invitación había sido cursada por el propio Recalde, allí se pedía la concurrencia de los equipos técnicos de legislación laboral pertenecientes a un amplio espectro de entidades, que iba de la UIA a la Sociedad Rural, para tratar la reforma a dos artículos de la ley de contratos de trabajo (20.744): el 66, que introduciría la prohibición de modificar modalidades del empleo (ya convertido en ley), y el 245, que elimina los topes a las indemnizaciones por despidos.

Sin embargo, los representantes de las empresas aprovecharon el convite para manifestar su preocupación por todos los anteproyectos presentados por Recalde y además recordaron -a pesar de que no tiene aún estado parlamentario, y de hecho no parece hoy estar en ninguna parte- los peligros que conllevaría la sanción de una nueva ley de riesgos de trabajo en los términos que planteó la cartera laboral.

La delegación empresaria incluyó además a representantes de las uniones industriales de siete provincias. Siguiendo la idea lanzada desde la entidad madre, estas regionales ya están «explicándole» a sus propios legisladores los peligros de las leyes que propone Recalde para las economías regionales. «Las pymes del interior tienen un promedio de antigüedad de su personal superior a los 20 años. Imagínense qué pasaría con muchas de ellas sin topes indemnizatorios», dijo uno de los participantes.

El único empresario y dirigente sectorial que concurrió ayer al Congreso fue Alfredo Coto, que además preside la ASU (Asociación de Supermercados Unidos).

El resto de las entidades envió a sus directores ejecutivos y a sus abogados laboralistas. La delegación la encabezaron Luis González Estévez, Juan José Etala y Daniel Funes de Rioja (UIA), Jaime Campos (AEA), Juan Carlos Mariani (COPAL), Carlos Melián (ADEBA), Pedro Etcheberry (CAC) y Abel Gurrieri ( Sociedad Rural).

Después de escuchar a Campos y a González Estévez, Recalde respondió explicando que no se trataba de «colegislar», pero agregó que su comisión estaba dispuesta a escuchar todas las voces. Por eso, señaló, en futuras citas se convocará a «representantes de la CGT», o sea sus antiguos asesorados. En realidad, la convocatoria a los empresarios se debería a que algunas voces desde el Ejecutivo le sugirieron que los escuchara.

Andanada de quejas

La respuesta al diputado fue una andanada de quejas, que de todos modos no llegó a escuchar porque abandonó la sala y dejó el manejo de la reunión en manos de sus asesores. Uno de los abogados de empresas dijo que estaban de acuerdo con llamar a la CGT, porque apostaban al diálogo, a no judicializar los conflictos entre patronos y trabajadores, a no propiciar confrontaciones. Por un momento, alguien pensó en la resurrección de la «mesa del diálogo» que hace un año y medio imaginó la UIA -fue idea del papelero Héctor Massuh- entre industria y la CGT, iniciativa que fue abortada por el entonces ministro Roberto Lavagna.

Curiosamente, los representantes del oficialismo permanecieron en silencio casi todo el encuentro; quienes hablaron fueron los asesores de la UCR, de la ex lopezmurphista devenida kirchnerista unipersonal Paola Spatola y de Federico Pinedo, del PRO. Del otro lado la voz cantante la asumió Funes de Rioja.

El radical Fernando Asi fue quien más sobresaltó a los representantes empresariales, porque tras hacer un largo circunloquioal que son tan afectos los representantes de esa fuerza, dijo que «luego de abolida en la Argentina la esclavitud, luego de obtenido el voto femenino, ahora llegó el tiempo de eliminar los topes a las indemnizaciones». Agregó que la «flexibilización demolió el mercado laboral frente a la precarización salvaje».

Le tocó el turno de responderle a Funes de Rioja, quien dijo que esa «demolición» se debía a en todo caso a «leyes que sancionaron los poderes del Estado, no las entidades empresarias. Nosotros siempre nos movimos dentro de la ley, y la crisis debe ser atribuida al cierre de 500.000 empresas, casi todas pymes». El abogado de la UIA agregó que los costos para las compañías que conllevaría la sanción de las modificaciones que imaginó Recalde, incidirían de manera muy negativa en la creación de nuevos empleos y en la inversión.

En lo que hace a la inmovilidad del trabajador en su función, el abogado por el bloque Spatola dijo que «se perdió la especialización, los oficios... El tornero terminó trabajando de telefonista». Funes le retrucó: «En todo caso es mejor que tenga trabajo de telefonista antes de quedar en la calle porque su empresa tuvo que cerrar...».