Entre Ríos podría canjear armas por planes laborales

Crece en las provincias la propuesta del canje de armas de fuego no registradas para luchar contra la inseguridad. En Entre Ríos ya ingresó a la Legislatura local un proyecto de ley que impulsa el intercambio de armas por planes de emergencia ocupacional o programas de asistencia social. Cuenta con despacho favorable de la comisión de Legislación de la Cámara baja y hoy sería tratado por los legisladores. La propuesta entrerriana es novedosa, ya que las iniciativas contempladas en otros puntos del país postulan también un intercambio de armas de fuego de uso civil, pero por alimentos. El proyecto tiene como destinatario principal a aquel sector de la población entrerriana sin posibilidad económica (y, en muchos casos, ni interés) en regularizar esa tenencia. Se estima que en Entre Ríos hay en circulación alrededor de veinte mil armas de fuego de uso civil sin registro legal.

Entre Ríos - La provincia de Entre Ríos podría importar el modelo mendocino del canje de armas de fuego, como medio para luchar contra la inseguridad. Pero lo haría de un modo innovador: en vez de ofrecer alimentos, la propuesta es intercambiar armas no registradas por planes de emergencia ocupacional o programas de asistencia social.

La iniciativa pertenece al diputado provincial aliancista Julio Rodríguez Signes, y ya cuenta con despacho favorable de la comisión de Legislación de la Cámara de Diputados local. El proyecto hoy sería tratado por los legisladores.

La ambiciosa apuesta es sacar de circulación alrededor de 20 mil armas de fuego de uso civil sin registro que, se estima, hay en la actualidad en territorio entrerriano.

No es la primera provincia que piensa en canjear armas de fuego. Mendoza ya picó en punta y aplica, con éxito, el intercambio por alimentos. Pero otras provincias apuran una medida similar. Por caso, en Santa Fe ya ingresó a la Legislatura un proyecto parecido al mendocino.

• Certificado

En el caso entrerriano, el proyecto propone que las personas que adhieran a la propuesta reciban a cambio un certificado que les otorgue derechos para obtener beneficios «a reglamentar», entre los que se encuentran el acceso a planes de emergencia ocupacional o a programas de asistencia social. Una vez concretado el canje, el gobierno entrerriano destruirá las armas.

Rodríguez Signes explicó que el proyecto apunta a «aquellos sectores que tienen un arma de forma irregular, sin interés ni posibilidades económicas de registrarla, porque hay un arancel que se debe pagar».

El legislador enfatizó la necesidad de reglamentar el tema de las armas no declaradas «porque para secuestrarlas hay que tener una orden de allanamiento». «Y eso no es sencillo, ya que los jueces de Instrucción no otorgan órdenes de allanamiento de un modo flexible», advirtió.

• Pena

Hasta 1999 -recordó Rodríguez Signes-la tenencia de armas de uso civil no estaba penada, pero con la modificación del Código Penal se dispuso que la posesión de armas de ese tipo sin registrar es un delito. «El artículo 189 bis pena la simple portación de armas de uso civil sin la debida autorización con prisión de seis meses a tres años», recordó.

El legislador insertó la propuesta en el marco de una movida más general en la provincia para hacer frente a la inseguridad. Entre otros proyectos, se encuentran el que impulsa una ley de seguridad pública (actualmente en la comisión de Legislación de la Cámara de Diputados); el proyecto de prohibición de venta de municiones, (tiene media sanción en la Cámara Baja); la futura ley de creación de los Juzgados de Ejecución de Penas y los proyectos de reforma al Reglamento General de la Policía de Entre Ríos y al Código de Procedimiento Penal.