Crece aun más la incertidumbre sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas y comienza otra semana sin que se sepa cómo se solucionará la crisis. Según informó el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, este jueves se realizará una asamblea de accionistas de la empresa para aprobar el concurso preventivo. Sin embargo, aun cuando la convocatoria a los acreedores hace caer automáticamente los convenios laborales actuales, que son hasta ahora el principal argumento de la SEPI para no poner dinero en la empresa local, el presidente de la sociedad estatal española, Pedro Ferreras, dijo el viernes que esta compañía «no volverá a realizar ninguna aportación de fondos a Aerolíneas».
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En la reunión que Bastos mantuvo con cinco de los gremios aeronáuticos el sábado por la mañana, el ministro no habría aportado mayor claridad sobre este punto. Sólo dijo que había un compromiso del ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, para mantener operable a Aerolíneas.
El sentido de esta frase no llega a entenderse, en tanto Aerolíneas hoy no puede autofinanciarse, aunque sus pasivos entren en la convocatoria. Esto es así porque tiene suspendidos sus principales rutas internacionales a Estados Unidos, Oceanía, Brasil y Europa, y, para rehabilitarlas, necesita capital de trabajo.
Por otra parte, la empresa se va inmovilizando día a día. Este fin de semana, se anunció la suspensión de los vuelos a Viedma, destino de cabotaje que se suma a los de Santiago del Estero y Jujuy, cancelados hace tres semanas. Para autofinanciarse y operar normalmente, Aerolíneas necesitaría, además, un plazo para despejar las dudas de los pasajeros, de modo que vuelva a haber reservas y venta de pasajes, siendo que ahora los vuelos que se realizan tienen un nivel de ocupación irrisorio.
Ferreras reconoció que habrá una convocatoria de acreedores de la empresa, «tendiente a lograr una reestructuración de la compañía», pero reiteró que «no se aportará más dinero».
Con la convocatoria de acreedores, caen los convenios colectivos, por un plazo que puede oscilar entre 1 y 3 años, según el juez y según la complejidad del proceso con los acreedores. Durante ese período, los gremios deben pactar «convenios de crisis», con lo cual quedarían obligados a aceptar el llamado plan director y, en caso de no haber acuerdo, según la ley de quiebras, rige la ley de contratos de trabajo, que implica el pago de un salario mínimo, sin adicionales.
Por otra parte, con la convocatoria, las deudas acumuladas hasta ahora quedan en compás de espera hasta que se llegue a un acuerdo con los acreedores, que por lo general implica una quita y largos plazos de pago; pero mientras dura el período de acuerdo, no se pagan intereses, con lo cual Aerolíneas se ahorra costos financieros por lo menos por dos o tres años y, sin ellos, se podría convertir en económicamente viable si está bien gerenciada.
Sin embargo, esta alternativa sigue generando dudas. Los abogados expertos en quiebras se preguntan, por ejemplo, por qué la SEPI no pidió antes la convocatoria, en vez de insistir en que los siete gremios aeronáuticos firmaran el plan director.
• Especulación
Hay quienes creen que los españoles mantendrán la empresa en un virtual cese de operaciones hasta que aparezca un nuevo inversor que realice un aporte de capital. Pero se trata sólo de especulaciones, porque, en ese caso, habría una adjudicación directa, en vez de la licitación de las rutas a una única empresa que absorba la mayor cantidad de personal, como viene sosteniendo Bastos.
Por lo pronto, continuarán esta semana las medidas de fuerza con manifestaciones en los pasillos del Aeropuerto internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery.
El tema también llegará a la Cámara de Diputados. Los legisladores tienen pensado tratar mañana, en una sesión especial, una treintena de proyectos de ley impulsados desde los distintos bloques. Las iniciativas que se debatirán van desde la reestatización de la compañía hasta la restitución del derecho a veto para el Estado argentino, que hoy sólo tiene una participación accionaria de 5%.
También se analizará la creación de una comisión investigadora de la privatización y la administración posterior de Aerolíneas. La convocatoria a la sesión especial fue resuelta el viernes pasado por el presidente del cuerpo, el radical Rafael Pascual, ante el pedido del bloque de diputados del PJ.
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