Montevideo (de nuestra agencia) - El Estado uruguayo aportará u$s 33 millones para la capitalización del Banco Comercial y pasará a controlar la cuarta parte del paquete accionario de la institución, anunció el ministro de Economía, Alberto Bensión.
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Confirmó además que ayer el Banco Central del Uruguay (BCU) presentó la denuncia penal por las irregularidades comprobadas en la operativa de la institución y que involucran al banquero Carlos Rohm y al Banco General de Negocios de la Argentina.
Antes, el presidente Jorge Batlle había adelantado a los periodistas a la salida de la Casa de Gobierno que el Estado participaría de la capitalización, en la cual los tres bancos propietarios de 75% del paquete accionario, JP Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse, integraron u$s 100 millones.
•Emisión
La operación se hace sobre la emisión de acciones preferenciales por el total del capital de u$s 133 millones, que quedan repartidas por partes iguales (25% por parte) entre los tres bancos y el Estado.
Según explicó luego el presidente del BCU, César Rodríguez Batlle, en esta operación no entran las acciones propiedad de los hermanos Carlos y José Rohm a través de la sociedad Saint Louis Investment. «Estas acciones (las del grupo Rohm) no tendrán valor de futuro ni recibirán ningún tipo de retribución y no forman parte del acuerdo», señaló Rodríguez Batlle.
Sobre la auditoría que se realiza en la Compañía General de Negocios, que opera en Uruguay como institución financiera externa (off-shore) también propiedad de los hermanos Rohm y que fuera intervenida por 90 días, dijo que «hay que esperar las novedades de la auditoría».
El Banco de Galicia Uruguay SA presentó ayer un pedido de moratoria ante el Juzgado Concursal de Primer Turno, que, en caso de aceptarse, podría dejar en suspenso por hasta un máximo de un año decenas de juicios ya iniciados por ahorristas.
La solicitud, presentada por las actuales autoridades con la firma del interventor designado por el Banco Central, pasó a vista fiscal y, en principio, el juzgado deberá decidir si da trámite al pedido, para iniciar luego un proceso de intervención judicial y convocatoria a acreedores, que puede extenderse por varios meses, dijeron fuentes judiciales.
