Estudian "escudo fiscal" para repatriar dólares

Luis Inácio Lula da Silva

En marzo finaliza el acuerdo que Brasil tiene con el FMI. Si el gobierno de Lula da Silva decide no renovarlo deberá encarar una agresiva estrategia de recomposición de las reservas internacionales para disminuir su vulnerabilidad externa. Hoy, el Banco Central tiene alrededor de u$s 52.500 millones, de los cuales más de la mitad pertenece al FMI. Por ello en el seno del gobierno comenzaron a analizar una alternativa, sin duda políticamente riesgosa, de proponer una ley de perdón fiscal para los capitales de brasileños en el exterior.

El objetivo claramente es inducir la repatriación de los fondos depositados en el extranjero, de modo de librarse del FMI y aumentar las reservas del Central. El proyecto es algo similar a lo que propuso en varias oportunidades el ex ministro de Economía Roberto Alemann, durante la administración Menem.

Según estiman técnicos de la «Receita Federal», el organismo recaudador, los brasileños tendrían más de u$s 220.000 millones de dólares en el exterior (aproximadamente 38% del PBI). Para analistas privados el monto sería de u$s 100.000 millones. El equipo técnico que diseñó el proyecto de ley se basó en el caso italiano. En 2001, el jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, lanzó la ley de escudo fiscal para incentivar a los italianos a repatriar los capitales del exterior, brindando un olvido fiscal retroactivo a cambio de tributar 2,5% sobre el monto repatriado. Se calculaba que los italianos tenían u$s 450.000 millones fuera de su país y gracias a la ley vendrían u$s 60.000 millones.

• Temor

El gobierno brasileño estima que podrían repatriar más de u$s 25.000 millones, o sea prácticamente casi el monto de reservas que deben devolverle al FMI si no se renueva el acuerdo.

Para los privados la estimación es muy optimista porque aún se percibe cierto temor ante posibles cambios en la política económica.

El esquema básico que se pergeñó es otorgar una amnistía sobre todos los delitos cambiarios y tributarios a cambio de traer los capitales del exterior sin dar a conocer la identidad del contribuyente y previo pago del impuesto correspondiente (como en Italia). Precisamente la garantía de anonimato es uno de los mayores escollos que enfrenta la iniciativa oficial, a la luz de varios casos de corrupción recientes donde las comisiones investigadoras parlamentarias no pudieron garantizarlo.

Dentro del gobierno aún no se alcanzó un consenso sobre el proyecto final. Algunos proponen establecer el escudo fiscal por un plazo de hasta un año.

El proyecto en realidad data de cuando Lula asumió la presidencia en 2003, pero fue descartado por el contexto económico desfavorable de un dólar muy apreciado y fuga de capitales por desconfianza sobre la línea del nuevo gobierno.

Sin embargo, fueron los grandes empresarios brasileños quienes retomaron la iniciativa y se la reclamaron a Lula. Hace unos pocos meses, el presidente personalmente le informó del proyecto a un selecto grupo de empresarios y banqueros. Ahora, con una mejor situación cambiaria y una alta credibilidad de Lula, el proyecto, si bien es «marketineado» políticamente para que los aliados del gobierno puedan digerirlo, tiene mayores chances de implementarse.

Cabe recordar que ya otros presidentes intentaron una medida similar, como por ejemplo Joao Batista Figueiredo en 1984 -tras la crisis de la deuda externa latinoamericana- o Fernando Collor de Mello, quien quizá fue el más práctico al simplificar los trámites para que los extranjeros invirtieran en el mercado bursátil poniendo en igualdad de condiciones a los brasileños con dinero en el exterior. La última iniciativa fue la de Fernando Henrique Cardoso, que sólo apuntaba a actualizar la declaración de bienes sin revelar el origen de los fondos.