Firmaron decreto que autoriza a Economía a aumentar las tarifas

Como se esperaba, antes de viajar a Davos, el presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto que autoriza a subir las tarifas públicas. La norma no establece porcentajes de suba sino el permiso a Economía para que fije los incrementos. De todas maneras, para que sean efectivos no tendría que haber fallos judiciales en contra como se prevé.

Finalmente Eduardo Duhalde (a menos de 24 horas de partir rumbo a Davos) firmó el decreto por el cual, de no mediar fallos judiciales en contrario, faculta al Ejecutivo a incrementar las tarifas de los servicios públicos.

Tal como se preveía, la norma no establece aumentos ni porcentajes sino que se limita en su artículo 1° a facultar «al Poder Ejecutivo Nacional, en forma transitoria y hasta que concluya el proceso de negociación de los contratos de las concesiones y licencias de servicios públicos impuesto por los artículos 8° y 9° de la Ley 25.561 (de Emergencia Económica) revisiones, ajustes o adecuaciones tarifarias para dichos contratos, que resulten necesarias para garantizar a los usuarios la continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones de tales servicios».

La cuidadosa redacción del decreto impediría la acción -al menos en lo inmediato- de organizaciones de defensa del consumidor y del ombudsman de la Nación, que ya adelantaron su voluntad de impugnar cualquier intento de retoques tarifarios. Es que, según la opinión de los jefes de asuntos legales de varias empresas privatizadas, un amparo no tendría basamento jurídico en razón de que aún no hay ningún perjudicado.

Esto es así porque de la lectura del artículo se desprende claramente que lo que se busca es «garantizar la continuidad, seguridad y calidad de los servicios», y si bien es utópico y hasta absurdo, podría argumentarse que dicho fin hasta podría lograrse bajando (y no subiendo) las tarifas.

• Renegociaciones

Asimismo, el decreto no interrumpe el proceso de renegociación que vienen encarando el Ejecutivo (a través de la Comisión de Renegociación que preside Gustavo Simeonoff) con las privatizadas: en el artículo 2° se establece que los ajustes «quedarán comprendidos» en dicho proceso «y deberán ser tomados en consideración dentro de los términos de los acuerdos a los que se arribe con las empresas concesionarias». O sea: cualquier aumento que se conceda será a cuenta de lo que en definitiva se acuerde en la mesa de renegociación.

El artículo 3°, en cambio, es un claro intento de bloquear la posibilidad de que los jueces impidan los reajustes, tal como hicieran tres magistrados en los últimos meses. Allí se lee que el ejercicio de esa facultad transitoria «no se hallará limitado o condicionado por las estipulaciones contenidas en las normas regulatorias» que rigen las concesiones. El 4° reivindica las facultades de los órganos regulatorios, y los otros tres son de forma.

• Beneficiados

De la lectura del decreto se desprende también que los incrementos podrían ser no sólo para luz y gas -que tienen casi concluidos sus procesos de renegociación- sino también para todas las otras empresas de servicios (telecomunicaciones, agua, peajes y transportes). Será resorte del Ministerio de Economía disponer cuáles son los sectores beneficiados, cuáles quedan afuera del reajuste (al menos en una primera instancia) y cuáles son los porcentajes que les concederán, lo que obviamente constituye una discrecionalidad preocupante.

Entre las privatizadas, el ánimo no era muy diferente de lo que se percibe desde hace meses: no se cree que el decreto firmado ayer sea demasiado diferente a los anteriores en su posibilidad de saltar la valla que constituyen los jueces. Sin embargo, algunos pensaban que podría tener más chances por la inclusión del término «transitorio».

Asimismo, la norma cumple con la intención del Presidente de poder llevarse a la cumbre de Davos un decreto firmado por él para tranquilizar a los accionistas (europeos y estadounidenses) de las concesionarias de servicios. Esto es así porque, si bien el decreto no establece aumentos en forma directa e inmediata, tampoco es pasible de ser impugnado en sede judicial justamente por esa razón.

De hecho, y dado que la circulación del decreto fue muy limitada, quienes seguramente lo atacarán con amparos no tenían demasiado claro hasta ayer a última hora qué camino seguir. Y si bien Duhalde no podrá exhibir aumentos, tampoco este fin de semana los jueces podrán «bajarlo».

Sin embargo, ADECUA (defensa del consumidor) ya adelantó que presentará una medida cautelar porque se modifica una norma de mayor jerarquía (una ley) por otra de menor jerarquía (decreto).

Pero para eso deberán aguardar a que el gobierno publique el decreto en el Boletín Oficial, lo que sucedería entre hoy y mañana. Y para entonces el Presidente ya estará en Davos.

Finalmente, y no por ello menos importante, el incremento tendrá un fuerte impacto en la recaudación fiscal, dado que cerca de 50% de lo que pagan los usuarios de servicios públicos son impuestos.