Revalúo fiscal: advierten sobre las dificultades que tendrá Batakis para implementar la medida

Economía

Analistas advirtieron que en términos económicos la medida anunciada por la ministra no sería eficiente. Se requiere que los gobernadores incrementen los valores en función de una metodología homogénea diseñada por el organismo que pasará a la AFIP.

Hay algo que no se percatan las diferentes entidades empresarias argentinas, distraídas tal vez por la coyuntura económica. Es que, si las provincias y el gobierno nacional no hubieran suspendido la aplicación del Consenso Fiscal de 2017, este año casi todas las actividades productivas estarían dejando de pagar el Impuesto a los Ingresos Brutos o pagando una alícuota mínima. El detalle viene a cuenta porque la contrapartida del costo fiscal de aquel acuerdo, firmado hace cinco años durante el gobierno de Mauricio Macri, era un incremento de las valuaciones fiscales de las propiedades urbanas, una medida que la ministra de Economía, Silvina Batakis, puso de nuevo en la agenda pública en su conferencia de prensa del lunes.

El contexto de la suba de las valuaciones fiscales que se pensó en ese momento era bajar la presión tributaria sobre las actividades productivas y subirla sobre las manifestaciones patrimoniales. Se partía de la idea de gravar más las manifestaciones de riqueza de las personas y menos a las empresas.

El cambio de contexto económico ahora hace muy difícil para la ministra de Economía tratar de conseguir el mismo objetivo para recaudar más mediante el Impuesto a los Bienes Personales. Incluso, algunos especialistas lo ven como poco probable. Se necesitará más de muñeca política antes que de pericia técnica, sobre todo, si los gobernadores quieren revalidar su poder en 2023.

Batakis habla de lo mismo que decía el Consenso Fiscal 2017, de hacer un sistema de relevamiento integral”, opinó el director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Jorge Colina, quien advirtió que ello “lleva mucho tiempo”. En su anterior cargo en el ministerio del Interior, Batakis tenía bajo su área a la Oficina Nacional de Valuación de Inmuebles (OFEVI), que fue el organismo creado hace cinco años para llevar a cabo la revaluación. La OFEVI tenía por misión facilitar a las provincias y los municipios todos los datos necesarios (más que nada fotos aéreas) donde consten mejoras en las casas. Por lo menos, esa fue la objeción que pusieron los gobernadores y los intendentes en ese momento, para subir las valuaciones, que no tenían los recursos técnicos y monetarios para encarar la tarea. El decreto 838/2018 señala que la OFEVI tiene que proveer a las provincias de una metodología de valuación homogénea. Esa oficina es la que pasa de Interior a la AFIP para seguir la tarea.

Pero, en rigor, lo que podría suponerse es que la titular del Palacio de Hacienda le solicite a los mandatarios provinciales que hagan algo parecido a lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta, quien incrementó la valuación fiscal de las viviendas de motu propio hace un par de años. En abril pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió que en la Capital Federal, la valuación para el cobro del Impuesto a los Bienes Personales pase a ser esa que implementó el gobierno del PRO.

Analistas privados indicaron a Ámbito que el proceso de ajuste de los impuestos tiene que ser gradual y paulatino. En muchas provincias se cobra solo el 10% del valor de mercado. En otras el 25%. Las tasas de incremento en caso de una medida de shock son astronómicas. “El problema político es que, si se sube Ingresos Brutos, el público no lo percibe. Lo que ve es que subió el precio del artículo que consume y no se pone a indagar cuánto de ello es impuesto. En cambio, la persona que recibe una boleta del Inmobiliario con una suba lo nota rápidamente”, explicó un ex funcionario familiarizado con las negociaciones que hubo en 2017.

Martín Caranta, tributarista del estudio Lisiki, Litvin y Asociados, opinó que “el valor fiscal de las propiedades tendría que ser el del mercado pero en ese caso las alícuotas tendrían que bajar mucho, porque si no matás a la gente”. Caranta advierte que el impuesto a los Bienes Personales no es un instrumento que sirva para atacar el problema del financiamiento del Estado. “No recauda mucho, porque se grava los activos, no lo que generan”, agregó. El tributarista, no obstante, advirtió que “las valuaciones en las provincias son un desastre porque se parte de una base desactualizada”. Por otro lado, también precisó que los inmuebles rurales, es decir los campos, no están alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales, de modo que el cambio afectaría solo a la publicación de las ciudades.

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