El principal escollo que enfrenta la propuesta argentino-brasileña al FMI, de excluir parte de las inversiones públicas del cálculo del superávit fiscal, es la tentación de los gobiernos de clasificar gastos corrientes como inversiones.
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Más allá de este tácito reconocimiento de la impotencia de los técnicos del FMI en cuanto a auditar las cuentas públicas frente al cambio propuesto, el estudio elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI a cargo de Teresa Ter Minassian siembra dudas en la sustentabilidad de los nuevos endeudamientos, en el apetito de los gobiernos por construir obras faraónicas y en la postergación de reformas tributarias.
Cuáles son los factores que juegan en contra y cuáles a favor, según el informe de Ter Minassian, se preguntaban ayer en el Ministerio de Economía con vistas a la pronta y dura negociación para dejar fuera del cálculo del superávit primario a las inversiones públicas.
Los principales en contra son:
• El hecho que una inversión sea productiva y por ende tenga un impacto positivo en la economía no implica necesariamente que sea sustentable. Porque el grado de endeudamiento y la sustentabilidad de la deuda a largo plazo es lo que realmente condiciona la capacidad de los países de tomar nuevos préstamos para financiar estas inversiones.
• La existencia de diferentes tipos de inversión pública, como por ejemplo infraestructurao capital humano, que puedan generar las mejores tasas de retorno en distintos países, complica la definición de un criterio uniforme. En este sentido temen que excluir la inversión pública de las metas fiscales pueda desalentar a los gobiernos a eliminar las alícuotas más altas de impuestos y de impuestos distorsivos.
• Otro riesgo de excluir la inversión pública de los cálculos fiscales es que dicho criterio puede desestimular la participación del sector privado en proyectos de infraestructura, lo que será contraproducente.
• Hay, además, una dificultad de asegurar la calidad de la inversión pública y aceptables tasas de retorno. El FMI teme que los gobiernos encaren emprendimientos faraónicos. A favor se destacan:
• El reconocimiento que las inversiones públicas productivas aumentan el stock de capital representado por la infraestructura pública.
• Los préstamos contraídos para financiar las inversiones públicas bien diseñadas se repagan a largo plazo, al menos parcialmente.
Porque ayudan a fomentar un mayor crecimiento económico, lo que, a su vez, genera mayores ingresos fiscales.
El Fondo considera que contabilizar los costos financieros de las inversiones públicas a lo largo del tiempo promueve una especie de justificación intergeneracional, transfiriendo a los futuros beneficiarios de la inversión pública una parte de la responsabilidad por su cancelación. Si se proyecta un escenario positivo, excluir la inversión pública productiva de las metas fiscales ayuda a mantener estable la clave relación Deuda-PBI.
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