FMI: el board analizará el 24 el caso argentino

Economía

Lo hará en una sesión especial en dos semanas. Goldfajn será el encargado de explicar la marcha del Facilidades Extendidas.

El Gobierno no pudo eludir la intervención del board del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tratamiento del caso argentino; con lo cual se deberá esperar hasta la reunión del 24 de junio de la máxima autoridad colegiada del organismo que maneja administrativamente Kristalina Georgieva para que se apruebe definitivamente la revisión del primer trimestre del año. Y, en consecuencia, de la reformulación de los tiempos de cumplimiento de las metas pactadas el 25 de marzo pasado para el Facilidades Extendidas. La aprobación del examen del primer trimestre que debió cumplir Argentina no está en riesgo. Pero lo que no se podrá evitar es que nuevamente la economía del país esté en debate ante la atenta (y siempre crítica) mirada de los embajadores delegados por los principales países del mundo, y que forman parte del directorio del FMI.

Sabe el ministerio de Economía que la meta fiscal, monetaria y de reservas del Banco Central pactadas para el primer trimestre del año no corren riesgo de ratificación en su cumplimiento. Incluso se mencionaba desde Buenos Aires la buena nueva que los fiscalizaciones de Washington no pusieron mayores reparos en avalar la contabilidad creativa utilizada para llegar a un déficit fiscal de 0,3% entre enero y marzo. Lo que no quiere decir que no le hayan dejado en claro a la gente del Palacio de Hacienda que notaron los movimientos de haber contabilizado como ingresos simples ventajas financieras en los bonos locales. También se avalaron las proyecciones de reservas con un azul de casi u$s1.700 millones en las arcas de la entidad que maneja Miguel Pesce. En cuanto a la situación monetaria, directamente se dejó pasar el tema para discutirlo a fin de año.

El problema para Argentina, y que quiere revisar por el board, es que los números macroeconómicos, a los ojos del FMI, directamente no cierran. Y según el dictamen general del director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, la situación del país en cuando a la consecutividad de la inflación, emisión monetaria, crecimiento y cumplimientos de ciertas promesas duras como las reformas previsionales para las cajas especiales y la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos para los sectores de mayores ingresos (la segmentación), quedó en el centro de las miradas de los fiscalizaciones del FMI. Y así se trasladó en el informe que fue elevado al board. Luego, lo inevitable. El directorio del Fondo exige ahora una audiencia especial para analizar la situación real de la economía argentina. No para no avalar la fiscalización del primer trimestre. Sino para revisar si es posible aún salvar el acuerdo en el largo plazo. O, en su defecto, hacer recomendaciones pertinentes sobre qué habría que realizar en la economía local. Una situación claramente peligrosa e incómoda para el gobierno argentino.

Tal como adelantó este diario, el problema hacia delante es cuánto intervendrá el board. Más específicamente, los países miembros del directorio podrían reclamar abrir una audiencia específica para que el brasileño israelí, cuente cómo marcha la economía local. Y qué perspectivas futuras tiene para cumplir con los compromisos firmados en el Facilidades Extendidas. El 25 de marzo el board había sido claro ante Goldfajn. A la vez que aprobaba el Facilidades extendidas con mayoría absoluta, también le dejaba en claro al brasileño el reclamo al gobierno de Alberto Fernández para que avance en reformas estructurales y no se desvíe ni un centímetro de lo comprometido en el texto del acuerdo. El board incluso le dejó en claro a Goldfajn que era el responsable máximo de la secuencia de aprobación basada en el cumplimiento de metas (innegociable) y objetivos (negociables), durante del acuerdo que derivaría en un cronograma de pagos que culminaría en 2035.

El debate del caso argentino es clave, ya que el directorio es quién debe aprobar el desembolso de unos u$s4.100 millones para que se pague el segundo vencimiento pactado con el organismo, por la renegociación por un nuevo crédito para repagar el fallido stand by de 2018 firmado por Mauricio Macri.

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