El FMI ratificó las metas y el Gobierno confía en superar la primera revisión

El organismo confirmó que no se modificarán los objetivos fiscal, de reservas y de emisión. El Ejecutivo apunta a diferenciarlos de lo que ocurra con la pauta proyectada en el acuerdo para el IPC.

Dentro del Gobierno hay optimismo. Funcionarios del Ejecutivo que están en el día a día de las reuniones virtuales con el Fondo Monetario Internacional, dentro de la misión pactada por el Facilidades Extendidas vigente, afirman que están a punto de lograr que se separen de manera concreta las tres metas exigibles e innegociables y los objetivos macroeconómicos que acompañan el programa firmado el 25 de marzo pasado. La meta fiscal de 2,5% para todo el año, las reservas por arriba de u$s5.800 millones finales y la frontera de una emisión de 1% del PBI para financiar al tesoro serían los tres tótems que el ministerio de Economía le debería garantizar a los fiscalizadores de Washington; mientras que la inflación, la política cambiaria y la aceleración de ciertas reformas tributarias podrían ser discutidas hacia fin de año.

Este compromiso es lo que los locales obtuvieron con guiños certeros en las comunicaciones vía pantallas virtuales en los últimos días dentro de las largas y discretas jornadas de negociaciones con el Fondo, lo que ayer fue confirmado por el vocero del Fondo, Gerry Rice. El experimentado (especialmente en lo que refiere a aclarar problemas con Argentina) funcionario de Washington aseguró que dentro del Facilidades Extendidas “las metas se mantienen sin cambios”, mientras que “trabajamos muy cercanamente para priorizar políticas”.

La traducción que se hace en Buenos Aires es que, en consecuencia, habrá presiones para lograr la meta del déficit final, la de reservas y la de emisión monetaria, pero que habría cierta indulgencia sobre las otras. Y como se afirma, tal como adelantó este diario, que en el primer trimestre de 2022 (el período en fiscalización en esta misión) el sendero se cumplió, no habría problemas en aprobar el primer examen del acuerdo. La información de la que ya se dispone en Washington habla de un déficit de 0,3% entre enero y marzo, reservas por más de los u$s1.200 millones requeridos y una emisión de deuda que habría coincidido con la proyección anual. En este último caso, se reconoce en Buenos Aires, el problema apareció en el segundo trimestre del año, período que aún no se fiscaliza y sobre el que aún hay tiempo de correcciones.

Superado este escollo, la intención oficial es concentrarse en preparar la información para el segundo trimestre y la próxima misión (debería llegar en marzo de manera presencial o virtual). Y negociar la revisión del objetivo más rebelde para el país recién hacia fin de año. Se trata de la inflación, donde la promesa de un 48% anual ya quedó enterrada y habrá que discutir el nuevo porcentaje que condicionará luego el resto de las variables.

Por ahora el Gobierno confía en que habrá comprensión y que un eventual pedido de waiver anual no implicará una crítica ácida, directa o terminal en el Facilidades Extendidas. Sigue confiando el Gobierno en que para todo el año es defendible un alza final de menos del 60%, sólo un puñado de puntos por arriba del 48%, lo que sería aceptable. Lo fundamental en este caso es que se observe desde el Fondo la situación actual como algo excepcional. Y con responsabilidades compartidas dada el alza de las tarifas y algunos servicios y combustibles, coordinados con el propio organismo.

Se confía en Buenos Aires que esto no implicará la caída del acuerdo, que Washington aceptará el incumplimiento y que se podrá renegociar la variable a un porcentaje más real. Siempre y cuando los dos principales compromisos no se alteren.

¿Cuándo caería el acuerdo ante el incumplimiento? Según el estatuto del Fondo, dos trimestres consecutivos de incumplimiento alcanzarían. Luego se abriría una renegociación. Si fallaran las previsiones de Buenos Aires, la renegociación de las metas pactadas, en el caso de no cumplirse la totalidad de las variables comprometidas ya en la revisión del primer trimestre del año, y si estas replicaran en el segundo trimestre; ya para la misión de septiembre tendrían que reabrirse las discusiones. Un escenario políticamente complicado para el Ejecutivo, en tiempos en los que se descarta que el debate interno en el oficialismo por el acuerdo con el FMI aún estaría vivo.